La representación sindical de la plantilla del transporte sanitario ha convocado movilizaciones que se viene desarrollando desde el pasado de 23 de octubre e incluyen una concentración esta misma mañana ante la Consejería de Sanidad en Toledo, además de los días 4 y 5 de noviembre y una jornada de huelga para el día 8 del mismo mes, reivindicando la negociación de un nuevo convenio colectivo y mejoras en la prestación del servicio.
Izquierda Unida ya en el año 2012 presentó mociones en los ayuntamientos de la región expresando el rechazo a los recortes del servicio que impuso el gobierno del Partido Popular, adjudicando el servicio por tres millones de euros menos de lo que se venía invirtiendo. En el año 2016 y con el gobierno de Emiliano García Page, la licitación del servicio fue prácticamente idéntica a la del año 2012: el número de vehículos no variaba y el presupuesto de licitación lo hacía sólo un 0’7% al alza, manteniendo así el recorte del 23% del presupuesto.
Según ponen de manifiesto los sindicatos, en estos dos últimos años han empeorado aún más las condiciones de los vehículos y la falta de mantenimiento y de inversiones, han llevado a un escenario en el que las ruedas de los mismos, las medidas de seguridad, el aire acondicionado y la calefacción, rampas de acceso, etcétera, no funcionan. Al deterioro de los vehículos, se suma la falta de personal y el abuso de la contratación en prácticas, lo que coloca a los trabajadores en una situación insoportable y que podría solucionarse, entre otras medidas, con la firma de un nuevo convenio colectivo, a lo que parece no está dispuesto el Gobierno regional. Igualmente los sindicatos vienen denunciando la pésima coordinación existente entre el SESCAM y las empresas, lo que repercute directamente en los pacientes.
Daniel Martínez ha señalado que “el inicio de los trámites de una nueva adjudicación no garantiza la prestación adecuada y de calidad de un servicio básico como es el transporte sanitario, ya que la experiencia muestra que las empresas adjudiCatarias pujan a la baja en la oferta económica y hace imposible de facto cumplir con las pretensiones de aumento del número de ambulancias, su mantenimiento adecuado y el incremento de personal asignado a ellas.”
En este sentido, Daniel Martínez “ha pedido al gobierno regional que atienda la petición de los sindicatos, UGT y CCOO, y de Izquierda Unida y asuma la gestión directa del servicio de transporte sanitario, tanto el programado como el de urgencias”.
“Tal y como venimos defendiendo, el inicio del procedimiento para la rescisión de contratos con la empresa Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara “pone en bandeja” la posibilidad de apostar por un giro radical en la gestión de un servicio básico de la sanidad regional, que afecta a unos mil empelados/as y supondría un beneficio laboral, económico y social para Castilla-La Mancha, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas,” ha añadido el Coordinador provincial de IU.
En este sentido cabe recordar que de los 258 millones de euros para cuatro años destinados a este servicio, entre el diez y el veinte por ciento va dedicado a beneficio industrial y gastos generales, lo que se traduce en una horquilla entre 25,8 y 51,6 millones de euros que podrían dar un margen de mejora importante al servicio, tanto del lado de los empleados/as como de los usuarios/as.
La formación de izquierdas ha trasladado su apoyo a la reivindicacines de los trabajadores e insta al gobierno regional a que revierta el recorte del 23% aplicado desde el año 2012 y mantenido por él, a que firme el convenio colectivo que mejora la situación de los empleados y a la vez del servicio y a que estudie la posibilidad de de asumir como empresa pública el servicio de transporte sanitario tan imprescindible para los ciudadanos.
