“Albacete es la provincia de la región más infractora en materia de trabajadores extranjeros”

Albacete es la provincia de Castilla-La Mancha en la que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta un mayor número de infracciones relacionadas con los trabajadores extranjeros. Es donde más ocurre, "quizá por su relación con las prácticas en Levante que acaban por influir allí”.

Así lo asegura el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha, Juan Díaz Rokiski, en una entrevista realizada por elDiarioclm.es. “Donde salen más caros los incumplimientos es en materia de trabajadores extranjeros sin autorización laboral. El coste es muy elevado”, incide. Hasta el 28 de noviembre se habían detectado 341 infracciones en toda la región que llevan aparejados 3,6 millones de euros en sanciones. Este tipo de prácticas, recuerda Juan Díaz Rokiski, “están muy perseguidas porque tienen un componente de explotación de personas”.

Los inspectores suelen trabajar “mucho más” en Albacete con Guardia Civil y Policía Nacional para perseguir las redes organizadas de explotación laboral vinculadas al sector agrario. “No es que el sector agrario sea el que tiene el mayor número de incumplimientos”, aclara, sino que es donde más se sorprende a los grupos. "Están más organizados y son más numerosos”. De las 341 infracciones detectadas, explica, “una sola que afecte a 20 personas pasará en el sector del campo, pero no ocurrirá en un bar por ejemplo”.

Juan Díaz Rokiski es tajante. “A los empresarios les digo que hay que tener mucho cuidado porque las sanciones no son exactamente por tener a un trabajador irregularmente, sino que detectamos muchos casos de suplantación de identidad de las personas”.

Y es que, añade, “cuando se da de alta a una persona extranjera, lo suyo es tener delante la autorización de trabajo original. No hay que conformarse con documentos o fotos que se pasan a través del whatsapp. A veces se hace así porque las gestorías tienen mucho trabajo. En realidad, todos lo tenemos”.

Hacer las cosas bien, sostiene, evitará sorpresas. “Hemos tenido casos con cierta frecuencia y el empresario quizá no piensa que esté incumpliendo. Entramos ya en el terreno de las mafias o redes dedicadas a la explotación de forma sistemática. Tienen que saber que contratar con intermediarios está prohibido, pero existe y por eso han de tener mucho cuidado en verificar la identidad de sus trabajadores”.

Castilla-La Mancha no se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor fraude laboral. “Estamos en una situación intermedia”, asegura, pero sí existen ciertas peculiaridades. “No es que haya sectores incumplidores porque sí. Se debe a que tienen mayor volumen de población ocupada o por volumen de actividad temporal con mucha rotación de mano de obra. Siempre se habla de la Hostelería y la Agricultura. Se prestan mucho más que la Industria o el Comercio a situaciones irregulares”.

El responsable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cree que es algo “llamado a terminarse y que lo que quedará serán situaciones vinculadas a redes o grupos organizados. La falta de alta en Seguridad Laboral o los trabajadores sin contrato están llamados a extinguirse por la propia dinámica de convicción de ambas partes”.

Los asentamientos de temporeros: “Lo ideal es una solución pactada entre administraciones”

Un tema recurrente durante décadas, asociado a las campañas agrarias en esta provincia y en particular en Albacete capital, tiene que ver con el alojamiento para los temporeros. Durante los peores meses de la pandemia salió a la luz la precariedad sostenida durante, al menos 15 años. Ocurrió cuando cerca de 500 personas confinadas en una nave abandonada se saltó un confinamiento debido a un brote de COVID y ocuparon la Circunvalación como medida de protesta por la incertidumbre laboral y la falta de información, según relataron entonces ONG locales. Más de dos años después el problema no se ha resuelto.

El pasado verano los temporeros fueron otra vez noticia. El problema con los alquileres volvió a llenar los asentamientos en condiciones precarias. La pasada semana el alcalde de Albacete Emilio Sáez pidió al conjunto de las administraciones “acabar con la hipocresía” y garantizar servicios a personas migrantes.

Cuando preguntamos al máximo responsable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, asegura que “es un tema muy complicado y muy fácil a la vez”. Todo depende de la situación en la que se encuentran los trabajadores. “Al que tiene contrato de trabajo, el empresario ha de procurarle alojamiento temporal. Pero claro, solo al trabajador y no a la familia”. Y eso ocurre. Por esa razón algunos rechazan el alojamiento y se buscan la vida en los asentamientos. Las situaciones de estas personas son variopintas, pero no hay soluciones que cubran las distintas casuísticas. “Durante todos estos años hemos visto de todo”, reconoce el inspector de trabajo.

Las cosas se complican cuando muchos de los desplazados a las distintas campañas agrícolas, que se distribuyen en España entre febrero y octubre, llegan sin contrato. “No podemos hacer nada y al final es un problema de orden público”.

Juan Díaz Rokiski cree que “lo ideal sería llegar a una solución pactada entre todas las administraciones respecto a alojamientos temporales. Hoy en día está muy desarrollado el tema de los módulos con todos los servicios”. Se refiere en concreto a la experiencia aragonesa durante la campaña de recogida de la fruta. Podría ser una solución. Pero reconoce que en Albacete, de momento, sigue siendo un problema “que se queda en el alero de todos”.

En todo caso, reitera, “desde la premisa de lo laboral, con un contrato de trabajo el empresario ha de proporcionar alojamiento temporal pero no a toda la familia o acompañantes”. Y explica que su papel, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de España, pasa por “identificar a las personas y saber si tienen o no una relación laboral con alguien. Y si no se está cumpliendo con la obligación de darle alojamiento saber por qué ocurre”.