El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Martínez, ha lamentado la negativa del PSOE provincial y del presidente de la institución, Santiago Cabañero, a respaldar la moción para solicitar al Gobierno de España que frene la derogación del delito de sedición, por entender que está hecha para beneficiar a los políticos separatistas presos que intentaron romper la unidad de España, “y que es el precio que tiene que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder”.
Así lo ha manifestado Martínez durante el Pleno de la Diputación celebrado hoy, donde ha manifestado que “las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC, ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución, ni el Estado de Derecho, pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a la de aquellos que se levantaron contra nuestra nación” y ha añadido que “en ningún país europeo ser reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos”.
El portavoz del Grupo Popular ha señalado igualmente que es mentira que Europa haya pedido reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal, siendo las penas incluso más duras en varios países de nuestro entorno europeo, por lo que se desmontan los argumentos esgrimidos por el Partido Socialista como excusa para justificar lo que consideramos “una vergüenza auténtica y una traición, que traspasa una línea roja de imprevisibles consecuencias para la unidad de la nación española”.
Martínez se ha preguntado “dónde están aquellos socialistas que apostaron por la Constitución Española para garantizar la unidad de España” y ha aseverado que todas las Administraciones, incluida la Diputación Provincial de Albacete, deberían pronunciarse sobre esta modificación del Código Penal, ante un hecho que supone debilitar al Estado.
“Desde estas instituciones que forman parte del Estado, se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley”, ha afirmado el portavoz del Grupo Popular.
“Los intereses generales de la nación española y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno, o de quien ostente su presidencia”, ha concluido Antonio Martínez.