Manuel Martínez, concejal de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Albacete.
En la comentadísima sesión del Congreso de los Diputados, del pasado jueves, 3 de febrero, en la que se convalidó la reforma del Estatuto de los Trabajadores, tras una serie de traiciones y despistes, se aprobó otra norma que no puede, ni debe, pasar desapercibida.
El Congreso daba luz verde a la propuesta del Gobierno de modificar el Código Penal para elevar a la categoría de delito quien moleste, ofenda, intimide o coaccione a las mujeres con el fin de obstaculizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, concretamente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de los plazos y con las condiciones garantizadas por Ley.
Por fin se acaba con la impunidad con la que un grupo de extremistas hostigan a las mujeres a las puertas de las clínicas ginecológicas de toda España, también en Albacete.
Estas personas tienen todo el derecho del mundo a ser extremistas y a rechazar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres diciéndolo a los cuatro vientos, pero lo que no podíamos seguir soportando como Estado de Derecho, es que esta libertad de expresión, pudiendo ejercerla en cualquier otra parte de la ciudad, elijan precisamente manifestarla, justo donde con su actuación coaccionan a las mujeres que voluntariamente quieren interrumpir su embarazo, en un momento tremendamente difícil y trascendental de sus vidas. También se protege con la norma a los profesionales sanitarios al frente de estas clínicas, quienes también llevan años soportando el acoso a las puertas de su centro de trabajo.
Si esta modificación pasa el trámite de aprobación en el Senado, que debería producirse sin problema, las personas hostigadoras se enfrentarán a una pena de prisión de tres meses a un año, sin que sea necesaria la denuncia previa de la víctima acosada.
Su ubicación en el Código Penal no puede ser más acertada, puesto que este futuro nuevo artículo 172 quater se incluye dentro de los delitos de coacciones.
El día que este artículo se publique en el BOE tendremos un país mejor.