Aborto seguro. Foto de Facebook de Ágora Feminista Albacete
El colectivo Ágora Feminista de Albacete ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "trabaje para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley del Aborto". Una petición que traslada coincidiendo con la celebración, en este 28 de septiembre, del Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, y ante la reciente aprobación por el Gobierno de la nueva Ley del Aborto el pasado mes de agosto.
Ágora Feminista quiere reivindicar así "el compromiso" de todas las administraciones públicas para garantizar su cumplimiento en todo el territorio y también "para evitar así agravios y desigualdades entre mujeres en función de la comunidad autónoma en la que vivan".
Sugieren además la necesidad de que en los hospitales públicos debe haber "siempre personal disponible para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo".
Hay que recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya alegaba el pasado mes de mayo que obligar a que los abortos se hagan en sistema público puede “complicar” la gestión autonómica.
"Ya dijimos que las declaraciones de la consejera de Igualdad eran muy graves, porque suponen no querer avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", apunta el colectivo que ahora quiere hacer ahora hincapié en que la nueva ley persigue blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, garantizando que en los hospitales públicos haya siempre personal disponible para practicar abortos, lo que implica aplicar la objeción de conciencia.
"Insistimos en hacer un llamamiento al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, al consejero de Sanidad y a la consejera de Igualdad para que se pongan a trabajar en esta dirección y resuelvan todos los obstáculos que impiden a las mujeres de Castilla La Mancha acudir a un centro de la red pública para que les realicen una IVE", señala el colectivo.
Y es que sostienen que "a Ágora Feminista no le gustaría que el avance y las conquistas alcanzadas en materia de Igualdad a nivel estatal, muchas de ellas después de años de lucha del movimiento feminista, no tuvieran su reflejo en Castilla La Mancha por falta de voluntad política de quienes ostentan el gobierno".
No hay centros públicos para la IVE
También recuerdan al Gobierno de Page que en Castilla La Mancha que no hay ningún centro público en donde se realicen interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y las mujeres están obligadas a acudir a una de las dos clínicas acreditadas que hay en la región, una de ellas en Albacete y otra en Ciudad Real, y en muchos casos, por tanto, a tener que desplazarse a otra provincia. "Esto sin olvidar el acoso y hostigamiento que vienen soportando por parte de asociaciones anti-elección", aseveran.
Ágora Feminista pone el acento en la necesidad de la cercanía del domicilio de las mujeres y cree que la nueva normativa estatal "representa un avance para garantizar que las IVE se realicen en condiciones de seguridad, dignidad y accesibilidad, lo que pasa ineludiblemente porque puedan llevarse a cabo en todos los hospitales públicos".
"La ley solventa el principal escollo que ha servido de pretexto para que en muchas comunidades la sanidad pública no asumiera las IVE, como es la objeción de conciencia". Ahora, recuerdan, con la nueva norma se garantiza como un derecho individual y se regulará del mismo modo que en la Ley de Eutanasia, con el fin de garantizar que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y quienes se registren como objetores de conciencia lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.
Es "positivo" que las mujeres puedan decidir con 16 años
En otro aspecto, valoran "positivamente" que las mujeres de entre 16 y 17 años van a poder interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso, así como que se incluya una baja (IT) incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y se incorpore la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo. Otro aspecto positivo, explican, es que los centros de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva distribuirán la píldora del día después de forma gratuita.
Con la nueva normativa, abundan al desgranar la ley, se avanzará en educación sexual en todas las etapas educativas, además de garantizar otros derechos sexuales y reproductivos relacionados con la maternidad (como el permiso preparto a partir de la semana 39 de gestación y las medidas contra la violencia obstétrica); la baja (IT) específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes que será financiada 100% por el Estado; se mejora el acceso a métodos anticonceptivos y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.
"Para que se hagan efectivos los nuevos derechos necesitamos que las consejerías de Igualdad, Sanidad y Educación apliquen la ley, en lugar de cuestionarla". Y reclaman "esforzarse en la rápida adaptación de las estructuras organizativas, poniendo los medios para equilibrar el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de las mujeres a recibir las prestaciones establecidas por ley".
