Ágora Feminista Albacete lamenta la falta de voluntad y compromiso de la consejera de Igualdad con la nueva ley del aborto

Aborto seguro. Foto de Facebook de Ágora Feminista Albacete

Ágora Feminista Albacete quiere expresar su apoyo a la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada el martes en el Consejo de Ministros y Ministras. Al mismo tiempo lamentar y denunciar la posición del gobierno regional de Castilla-La Mancha, hecha pública por su portavoz y Consejera de Igualdad, Blanca Fernández.

Las dificultades y problemas que la Consejera de Igualdad señaló para que las IVES se realicen en los centros sanitarios públicos de Castilla La Mancha, tal y como la Ley establece, son un claro desprecio y una falta de compromiso absoluto con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por este motivo, Ágora Feminista exige la rectificación de la portavoz del gobierno de García-Paje, porque no es sostenible que la Consejera de Igualdad de un gobierno socialista ponga palos en la rueda para la aplicación de una ley promovida por el gobierno progresista de coalición.

“Consideramos que estas declaraciones son muy graves, máxime cuando en Castilla La Mancha no hay ningún centro público en donde se realicen IVE y las mujeres están obligadas a acudir a las dos clínicas acreditadas, una de ellas en Albacete y otra en Ciudad Real, y en muchos casos por tanto a tener que desplazarse a otra provincia. Esto sin olvidar el acoso y hostigamiento que han venido soportando por parte de asociaciones anti-elección”, indican.

Si la consejera de Igualdad da por buena esta situación, desde Ágora Feminista consideran que, si esta es la sensibilidad feminista de Blanca Fernández, debería reflexionar sobre la Consejería que ostenta y que dimita, o en su defecto, sea cesada y sustituida. Las mujeres de Castilla La Mancha “necesitamos que las personas que ocupan puestos de responsabilidad y poder tengan convicciones y sean coherentes con lo que implica y representa su cargo”, añaden.

Desde Ágora Feminista “queremos reivindicar que, con la nueva ley, que se tramitará por la vía de urgencia en el Parlamento, se va a garantizar el aborto en la Sanidad Pública, poniendo especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres. Además, la nueva ley representa un avance para garantizar que las IVE se realicen en condiciones de seguridad, dignidad y accesibilidad, lo que pasa ineludiblemente porque puedan llevarse a cabo en todos los hospitales públicos”.

La Ley solventa el principal escollo que ha servido de pretexto para que en muchas comunidades la sanidad pública no asumiera las IVE, como es la objeción de conciencia. Con la nueva norma se garantiza como un derecho individual y se regulará del mismo modo que en la Ley de Eutanasia, con el fin de garantizar que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y quienes se registren como objetores de conciencia lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.

También “valoramos positivamente que las mujeres de entre 16 y 17 años van a poder interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso, así como que se incluya una baja (IT) incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y se incorpore la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo”, señalan desde Ágora Feministas.

Otro aspecto positivo que indican es que los centros de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva que contempla la ley distribuirán la píldora del día después de forma gratuita.

Con la nueva normativa se avanzará en educación sexual en todas las etapas educativas, además de garantizar otros derechos sexuales y reproductivos relacionados con la maternidad (como el permiso preparto a partir de la semana 39 de gestación y las medidas contra la violencia obstétrica); la baja (IT) específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes que será financiada 100% por el Estado; se mejora el acceso a métodos anticonceptivos y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.

Para que se hagan efectivos los nuevos derechos “necesitamos que las Consejerías de Igualdad, Sanidad y Educación apliquen la ley, en lugar de cuestionarla. Esto requiere esforzarse en la rápida adaptación de las estructuras organizativas, poniendo los medios para equilibrar el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de las mujeres a recibir las prestaciones establecidas por ley, al menos, con la misma convicción y voluntad con la que se ha puesto en marcha la ley de eutanasia”, concluyen.