El Gobierno ha pactado congelar el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos durante seis meses, dentro del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que aprobará este martes el Consejo de Ministros y entrará en vigor el 1 de enero.
La congelación de alquileres ha sido una de las demandas fundamentales de Unidas Podemos dentro de las negociaciones de este tercer paquete de medidas y ha sido el principal escollo para sacar adelante el nuevo decreto.
Desde Unidas Podemos han celebrado a través de sus redes sociales el impulso de esta medida, además de las relacionadas con aumentar el descuento al transporte público y con el cheque para la cesta de la compra.
"En la negociación del nuevo escudo social, hemos apretado mucho para limitar la subida de los alquileres, aumentar el descuento al transporte público y para el cheque para la cesta de la compra. Los poderes mediáticos lo llaman "ruido". Nosotros: "mejorar la vida de la gente", ha escrito en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
En relación al cheque de entre 200 y 300 euros que el Gobierno prevé impulsar para aliviar el coste de la cesta de la compra de los más vulnerables, el secretario de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha afirmado, en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que llegaría a "cerca de 5 millones de familias" y que se aplicaría "de forma inmediata".
Álvarez ha afirmado que muchas de las cuestiones que se incluirán en el decreto tendrán "previsiblemente" una vigencia de seis meses. "En todo caso es una decisión final que compete al Consejo de Ministros", ha subrayado.
Limitación de la actualización anual de la renta
Asimismo, se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2%, y se amplía hasta el 30 de junio del año que viene de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.
Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2023, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta.
Eso sí, se establece que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad, un índice situado actualmente en el valor máximo del 2% y que, de acuerdo con su propia definición, no puede superar en ningún caso ese porcentaje.
Según la regulación prorrogada en el día de hoy, la cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario. En caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización.
Además, se sigue manteniendo que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato que, como se ha señalado anteriormente, no puede superar el 2%.
Se entiende como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
Suspensión de desahucios y lanzamientos
Por otro lado, con el nuevo Real Decreto-ley aprobado hoy también se amplían hasta el 30 de junio de 2023 varias medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes dentro del denominado 'escudo social' en materia de vivienda, aprobado ante la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.
Se trata de ampliar hasta el 30 de junio de 2023 las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.
Retirar la subvención generalizada al combustible
Una de las medidas más cuestionadas ha sido la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado en una entrevista esta mañana en TVE, recogida por Europa Press, que las dos formaciones del Gobierno de coalición han coincidido en que se debe retirar la subvención generalizada, aunque manteniéndola para los sectores profesionales.
De hecho, la responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, aludía, entre los sectores que se pueden ver más afectados, el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.
Prórroga de medidas actualmente en vigor
Aunque el Ejecutivo no ha contemplado casi ninguna medida de prórroga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, fuentes del Ministerio de Hacienda asumen que se tendrán que prorrogar "bastantes medidas" actualmente en vigor.
La única excepción que se incluye en las cuentas públicas del próximo año es la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.
Entre las medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán destaca el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, después del acuerdo del Gobierno con EH Bildu para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
En materia fiscal, el Gobierno impulsó una batería de medidas destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz. Destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Cabe recordar también que en el segundo paquete de medidas aprobado en junio, el Gobierno incluyó el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.
