Todos los municipios de la geografía española de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y los que tengan una población de más de 20.000 personas (si exceden los límites de contaminación regulada) deben poner en marcha las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus territorios, todo ello desde el 1 de enero de 2023.
¿Cuál es la realidad? La verdadera realidad es que solo 20 de las aproximadamente 150 ciudades españolas que deben hacerlo han presentado ya las medidas para las ZBE, según datos de Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (ANEVAL). Ninguna en Castilla-La Mancha. Los respectivos ayuntamientos esgrimen que decidieron “esperar” a la publicación del Real Decreto que las regula que se produjo el 28 de diciembre, apenas cuatro días antes de su, en teoría, obligada entrada en vigor.
Esta normativa se ha convertido en la práctica en una moratoria para los ayuntamientos -en pleno periodo electoral- ya que dice textualmente que “las ZBE establecidas con fecha anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto deberán revisarse con el fin de adecuarse al mismo, en un plazo máximo de 18 meses desde dicha entrada en vigor y posteriormente, cada cuatro años”.
En las ciudades puede haber una o varias ZBE, según las características urbanas y ambientales. Así lo contempla el Real Decreto recién aprobado. Y pueden situarse no solo en el centro de las poblaciones, sino en áreas sensibles como el entorno de los colegios, residencias de ancianos y centros sanitarios o en las zonas industriales. El incumplimiento por parte de los ciudadanos acarreará multas. Cada ciudad impondrá las suyas de acuerdo a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 2015.
La cuestión no es menor. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima en más de 20.000 las muertes prematuras en España al año a causa de la mala calidad del aire. En nuestro país, casi todas las capitales de provincia presentan datos que incumplen valores guía de las Directrices sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A eso hay que sumar la necesidad de mejorar la calidad acústica.
La mayor parte de las ciudades llevan meses e incluso años introduciendo cambios en la movilidad. Muchas de ellas cuentan incluso con detallados planes que han ido desarrollando según llegaban fondos europeos repartidos vía Gobierno central o autonómico, como es el caso de Albacete. Hace apenas unos días la Junta de Castilla-La Mancha firmaba un convenio con cuatro de las cinco capitales de la región para repartir más dinero destinado a la movilidad sostenible. Pero aun así el cambio será progresivo.
Los ayuntamientos están preparando ordenanzas basadas en la guía publicada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con la DGT y que ha aplicado la ciudad de Barcelona. En Castilla-La Mancha alegan que las medianas y pequeñas ciudades no pueden compararse a las más grandes del país y reivindican elementos diferenciales cuando se habla de contaminación y de movilidad.
“Quiero romper una lanza a su favor. Aquí se ha metido a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, que está bien, pero las de pequeño tamaño somos los menos contaminantes salvo algunas excepciones, frente a las grandes ciudades. No creo que Europa vea en las medianas y pequeñas poblaciones un problema de contaminación”, asegura Francisco Rueda, concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior.
“En Albacete no estará antes del segundo semestre de 2023”
La ciudad de Albacete todavía no tiene claro dónde estará su ZBE. “Estábamos a la espera del Real Decreto del 27 de diciembre que ya nos aclaró un poco más”, asegura González Martínez, concejal de Movilidad Urbana y Educación.
El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado un contrato de asistencia técnica para elaborar el proyecto. “Es un estudio para diagnosticar cómo está la calidad del aire, la movilidad relacionada con aspectos como la logística y el transporte y después realizar una propuesta”.
El proyecto se someterá a participación pública -se someterá a la Mesa de Movilidad local y se contrastará con la Federación de Asociaciones de Vecinos y todos los colectivos implicados- para crear así la ordenanza que regule la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Su implementación, según el edil, “se realizará con criterios técnicos. No es ponerla por ponerla, sino que el objetivo será mejorar la calidad del aire y reducir el ruido, pero con alternativas para que los ciudadanos puedan moverse por la ciudad”.
Por eso, el Ayuntamiento tendrá en cuenta cuántos parkings hay disponibles o si el servicio de transporte público es suficiente, entre otras cosas.
En todo caso la entrada en vigor de la ZBE en Albacete “no estará antes del segundo semestre de 2023”. Y eso con las elecciones municipales y autonómicas de por medio (se celebrarán en mayo). “Tenemos que hacer todas las inversiones para los sistemas de control y verificación, por ejemplo, la instalación de las cámaras”.
Sobre los efectos de la ZBE, el responsable de Movilidad hace un llamamiento a la tranquilidad. “Cuando se peatonalizó el centro hubo momentos de gran incertidumbre, pero quien tenga que hacer carga y descarga tendrá alternativas y facilidades y un periodo de carencia para adaptarse. Los residentes tendrán garantizado el acceso. No podemos obligarles a cambiar de coche. El resto deberá dejarlo en las inmediaciones. La idea es fomentar el transporte público o el uso de la bicicleta, incluso caminar más”.
Albacete ya recibió cinco millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para distintos proyectos relacionados con la movilidad como la peatonalización del centro de la ciudad o cambiar el 50% de los parquímetros por otros ‘inteligentes’ que, según las emisiones de cada vehículo, se aplican una u otra tarifa. Ahora el Ayuntamiento ha vuelto a pedir ayudas para el equipamiento técnico e informático que les permita poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones.
“Ya tenemos un sistema de control de vehículos que controla las calles peatonales en el centro de la ciudad, donde hay una ‘almendra central’ y seguramente la ZBE se pondrá en marcha en torno a ella. Tenemos que ver los niveles de contaminación. De momento hemos cambiado 8.500 vehículos diarios por miles de peatones, pero eso no es la zona de bajas emisiones. Ahora tendremos que limitar el estacionamiento y el acceso”, explica el edil.
Guadalajara lleva meses trabajando en la ZBE, asegura la segunda teniente de alcalde, Sara Simón. “Quisimos aprovechar los fondos europeos al máximo a pesar de que los plazos eran muy cortos, usando la Oficina de Técnica de Proyectos Estratégicos”. Se creó en 2021 y este ayuntamiento ha comenzado por adecuar calles en su zona centro o habilitar aparcamientos disuasorios, entre otras cosas.
La ciudad recibió del Gobierno central casi cuatro millones de euros para un aparcamiento disuasorio municipal (2.238.390,38 €), la implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) (1.032.942,78 €), el acondicionamiento urbano de las plazas del General Prim y San Esteban (440.716,50 €) y el acondicionamiento urbano de la calle Miguel Fluiters (218.162,25 €). Las obras en esta calle comenzarán el lunes 9 de enero.
A ellas se suman otras actuaciones con fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) y otros complementarios tras el convenio suscrito con el Gobierno regional (casi dos millones de los que la Junta castellanomanchega pone 1,6 millones para remodelar el entorno del Mercado de Abastos).
Guadalajara ha pedido también ayuda al Gobierno de España para remodelar la plaza de Santo Domingo, uno de los nudos estratégicos del centro de la ciudad.
“Trabajamos en adecuar estructuralmente la ZBE y su implantación será progresiva. No queríamos ir a lo más radical que sería peatonalizar todo el centro porque estamos acostumbrados a movernos en coche por el Casco así que optamos por un espacio de coexistencia”, explica la edil.
La Zona de Bajas Emisiones se regulará vía ordenanza. “Estamos en el proceso inicial, hay un borrador. En enero nos reuniremos con comerciantes del Casco Histórico para explicarles nuestro modelo y recibir propuestas”. El proceso llevará todo el año 2023 hasta su aprobación definitiva y, en paralelo, se irán completando las obras de instalación de cámaras y señalética que ya se están licitando. “Nuestra Zona de Bajas Emisiones empezará a funcionar el 1 de enero de 2024. Nos da tiempo de sobra y no vamos a esperar más. El cambio climático es una realidad que vivimos y padecemos”.
La ZBE abarcará las calles La Carrera, paseo del doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta del Matadero, avenida del Ejército, plaza de España, barranco del Alamín, ingeniero Mariño, Ramón y Cajal y glorieta de Bejanque. “No tiene sentido en otras zonas con grandes avenidas y zonas verdes como Aguas Vivas”, asegura.
Sara Simón asegura que su entrada en funcionamiento “no será un shock para el ciudadano. Que todo el mundo esté tranquilo porque los residentes del centro podrán entrar tengan el vehículo que tengan y se permitirá entrara al resto excepto a los vehículos con etiqueta A. Siempre y cuando entren para aparcar porque vayan a un restaurante o a un comercio. Lo que no se permitirá es entrar solo para cruzar la ZBE”. Por eso Guadalajara trabaja en una aplicación móvil que informe dónde se puede aparcar. Habrá hasta cuatro aparcamientos subterráneos, incluyendo el de la plaza de Dávalos en el que habrá obras este año, además de que se reconfigurará la zona azul y la zona roja de aparcamiento.
“Es ahora cuando hay que ponerse a diseñarla”, asegura el Ayuntamiento de Cuenca
“No tenemos fecha para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones”. El Ayuntamiento de Cuenca dispone de 201.054,60 euros procedentes del Gobierno de España para ponerla en marcha. El perímetro con limitaciones estaría entre la calle Calderón de la Barca, el río Huécar y el entorno del Parque de San Julián.
Fuentes del Ayuntamiento de Cuenca explican que “a partir de ahora, una vez conocido el Real Decreto, es cuando hay que ponerse a diseñarla. Esperamos que el Gobierno atienda la petición que le ha hecho la FEMP a nivel nacional para prorrogar la puesta en marcha”.
El pasado mes de diciembre Ecologistas en Acción de Cuenca criticaba que el Ayuntamiento conquense vaya a llegar “tarde” en la puesta en marcha de la ZBE, reclamaba ampliar la zona afectada y también informar a la ciudadanía.
De momento, el Consistorio “está tomando medidas para reducir la presencia de vehículos en la zona centro, con la peatonalización de la calle Tintes o la transformación de la calle Fray Luis de León o el fomento del transporte público.
Ciudad Real ya tiene lista la ordenanza, pero aplaza su puesta en marcha “por prudencia”
En Ciudad Real estaba todo listo para poner en marcha la ZBE, pero el Ayuntamiento ha decidido retrasar su entrada en vigor para estudiar el Real Decreto publicado el 28 de diciembre. La ordenanza que la regular finalmente no pasó como punto del día en el pleno extraordinario del mes de diciembre. La portavoz Mariana Boadella aducía que se hace “por prudencia y seguridad jurídica. Decidimos retirar la ordenanza, para analizar ese decreto, ya que el propio Ministerio recomendaba esperar a su publicación”.
Raquel Torralbo, explicaba a elDiarioclm.es que el lunes se celebrará una reunión de la Mesa de Movilidad para analizar la normativa nacional. Se volverá a consensuar con acciones de participación.
Es la única capital castellanomanchega que había llegado en plazo. En octubre ya se conocían los detalles de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones que Ciudad Real iba a poner en marcha el 1 de enero de 2023, aunque con seis meses de moratoria en la aplicación de sanciones.
Ciudad Real apuesta por aparcamientos disuasorios en la explanada próxima a la estación del AVE, con 300 plazas, el aparcamiento del Auditorio inconcluso, con 100 plazas, el de la calle López Bustos y uno más en Pío XII, aunque la intención es que la gente use el transporte público.
Será una ciudad “pensaba para el peatón que potencie la movilidad activa y apueste por una movilidad no contaminante”, decía Torralbo el pasado octubre.
La primera limitación será para los vehículos más contaminantes, en horario de 07.00 a 20.00 horas de la tarde, los que no tengan distintivo ambiental. Podrán entrar los vehículos para servicios especiales, ambulancias y los destinados al transporte de personas enfermas, dándose de alta en la plataforma. Los vehículos más contaminantes de reparto industriales censados y no censados tendrán moratoria hasta el 31 de enero de 2027”. En las primeras estimaciones que hacía el Consistorio previsiblemente los coches afectados en 2023 serán los “diésel, anteriores al 2006, y los de gasolina anteriores al año 2000”.
El pasado febrero la ciudad de Toledo se quedaba fuera de lograr financiación para implantar un sistema de control de accesos, señalización y gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), para poner en marcha un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Eficiente (SIMUSET) y para implantar medidores de calidad del aire y aforo de vehículos por no cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria para el que solicitaba casi 2,8 millones de euros.
Ahora se acoge a un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha para desarrollar su proyecto. “Mientras tanto hemos estado trabajando en un modelo de desarrollo sostenible y en una ordenanza. Es un problema trasversal que afecta a la movilidad, pero también al urbanismo, dentro de un compromiso para reducir las emisiones de efecto invernadero”, señala el concejal delegado de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior, Francisco Rueda.
“Lo contemplamos como un proyecto de ciudad. No es una mera ordenanza restrictiva, aunque eso sea de lo que más se hable”, asegura el edil quien detalla que la puesta en marcha de la ZBE en Toledo se ejecutará, previsiblemente, a través de “dos ordenanzas relacionadas con el control de emisiones y la movilidad o en todo caso una que combine ambas cosas. Está ya muy avanzado” y los ciudadanos podrán opinar. “Habrá diálogo y participación”.
En Toledo la ZBE va a afectar “a toda la ciudad porque no tiene ningún sentido poner limitaciones en Azucaica, por decir algo, y no hacerlo en el Polígono”. La experiencia ya ha comenzado en el Casco Histórico, intramuros. “De alguna forma ya es una zona de bajas emisiones que ya está delimitada”, comenta el edil.
De hecho, la reordenación del tráfico en el Casco Histórico ya está en marcha, aprovechando las obras que se realizaron en la calle Reyes Católicos y eso ha generado críticas ciudadanas. El edil reconoce que “se ha generado polémica, pero en realidad es una especie de banco de pruebas” para el futuro de la movilidad en Toledo. “La primera conclusión que saco es que quizá hemos dado poca información o no ha sido la adecuada. También me llama la atención que la información que ofrece el ayuntamiento sobre el tráfico en tiempo real en la ciudad es una gran desconocida por parte de la ciudadanía”. Así, asegura, de cara a la implantación de la ZBE “hace falta comunicación, comunicación y comunicación”.
El proyecto recién firmado con el Gobierno regional incluye cuatro estaciones de medición de la calidad del aire (Polígono, Azucaica, Buenavista y Casco Histórico-Bisagra) para complementar la información de la única que ahora existe y que depende de la Junta de Castilla-La Mancha.
El ayuntamiento está elaborando el plan de inversiones “para que no sea papel mojado” que comenzarán a ejecutarse en primavera. Se aumentará la digitalización del tráfico, la instalación de cámaras para el reconocimiento de etiquetas y matrículas de los vehículos, la reforma del centro municipal de tráfico ‘Juanelo Turriano’ y se creará una plataforma informática de movilidad, no solo para el control de la situación, sino que incluya información al ciudadano. “El compromiso es que esté operativo en 2024”.
Francisco Rueda matiza que “no se trata de que nadie pueda entrar a ningún sitio con el coche ni tampoco se trata de cambiar de coche quien no quiera hacerlo a corto plazo. No contemplamos restricciones al tráfico. Esto no es Madrid Central entre otras cosas porque la calidad del aire no es la misma y porque las emisiones, por ejemplo, en el Casco Histórico, son bajas debido a la escasa intensidad de tráfico. Otra cosa es que en algún momento haya alertas por contaminación que requieran medidas allí o en otras zonas de la ciudad”.
Talavera de la Reina consiguió más de 2,5 millones para reducir la contaminación. El ayuntamiento anunció que antes de poner en marcha la ZBE llevará a cabo un proyecto piloto en la calle Trinidad como punto de partida para el diseño integral de esta zona de bajas emisiones. La intención es que pueda estar implantado a comienzos de este año 2023.
Puertollano estudia implantar una ZBE por su carácter industrial
Puertollano se plantea implantar también una ZBE. Cuenta con 45.539 habitantes según los datos del INE en 2022 y no tiene obligación de hacerlo salvo que, siendo una población de más de 20.000 habitantes esté superando los valores límite de contaminantes regulados.
Noelia Caballero es concejala de Desarrollo Urbano Sostenible y Medio Ambiente. “Al ser una ciudad industrial consideramos interesante hacer un estudio porque podemos tener más contaminación que otras ciudades”. La pandemia puso de manifiesto que “con la reducción de la movilidad, porque las fábricas siguieron en marcha, hubo un 54% menos de emisiones, según el estudio que hizo la comunidad autónoma”.
El Ayuntamiento ya aprobó un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ahora buscarán ayudas europeas para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones que se verá acompañada de una completa “transformación” de todo el centro de la ciudad con financiación de la Junta de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI). En esta idea se incluye la variante de la A-43 a su paso por la ciudad. “Nos servirá para derivar el tráfico hacia el exterior en nuestro pueblo que está en un llano entre dos montañas y que provoca que la contaminación quede estancada. La dispersión de los contaminantes es más dificultosa”, explica.
Noelia Caballero lo considera una “oportunidad que Europa fuerce a las ciudades a ser más sostenibles. Estábamos en ello antes de que se publicara el Real Decreto”.
¿Qué vehículos podrán acceder a las ZBE?
Los vehículos podrán acceder a las ZBE según la etiqueta que obtengan de la Dirección General de Tráfico (DGT) que define su impacto ambiental
1.- Etiqueta CERO emisiones. No hay limitaciones, incluso aparcando gratis en zona de estacionamiento regulado.
2.- Etiqueta Eco. Tiene privilegios parecidos, pero no se puede circular por los carriles BUS-VAO, y se puede aparcar en las ZBE, pero pagando.
3.- Etiqueta C, Verde. Se puede acceder y aparcar en las ZBE, pero solo dentro de un parking y tampoco se puede circular por la zona limitada.
4.- Etiqueta B, Amarilla: Similar a la anterior, pero estacionar saldrá más caro.
5.- Sin etiqueta o A. Estos vehículos no pueden entrar en las ZBE.