El Gobierno de Castilla-La Mancha ha extendido las medidas fiscales a otras nuevas zonas de la región, lo que se traduce en que hay 50 municipios más que en la próxima declaración de la renta se van a poder beneficiar de las deducciones fiscales que incluye la Ley. En el caso concreto de la provincia de Albacete, los municipios que se han incluido son Barrax, Minaya, Fuensanta, Montalvos y Villalgordo del Júcar.
Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la firma del protocolo con el objetivo de conformar una ‘agenda común’ de lucha contra la despoblación enmarcada en la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, con la que se quiere implicar a las entidades más cercanas al territorio en la lucha regional contra la pérdida demográfica y evitar duplicidades.
En este sentido, Martínez Guijarro, ha avanzado que los residentes en estas cinco localidades de la provincia de Albacete pueden beneficiarse de la incentivación de un 20 por ciento adicional para los proyectos empresariales que se ubiquen en ellos, así como de las deducciones fiscales de hasta el 15 por ciento del tramo autonómico del IRPF en la siguiente campaña de la renta que comienza en apenas dos semanas.
Y es que, tal y como ha recordado, la fiscalidad diferenciada es una de las novedades que incluye la Ley de Medidas contra la Despoblación, aprobada por consenso de las Cortes de Castilla-La Mancha en 2021, con la que el Gobierno regional busca hacer que los pueblos sean lugares atractivos para vivir, pero también para invertir gracias a las medidas de incentivación positiva para el fomento de la actividad económica en estas zonas.
Una ley de la que, en el caso de la provincia de Albacete, se benefician 68 municipios, 41 de ellos en situación de extrema despoblación, en los que reside el 17 por ciento de la población total de la provincia.
Además, Martínez Guijarro ha recordado que el Presupuesto regional para este año cuenta, por primera vez en la historia de España y de Europa, con la memoria de impacto demográfico que incluye los más de 1.700 millones de euros que se destinan a la lucha contra la despoblación. Cifra que supone el 23 por ciento del techo de gasto de la Comunidad Autónoma , en esencia, el 3,6 por ciento del PIB de la región porque “o se destinan recursos o no se pueden garantizar los servicios públicos”, ha sentenciado.
Colaboración entre instituciones
Finalmente, el vicepresidente ha subrayado el esfuerzo que las diputaciones provinciales vienen haciendo para hacer frente a la pérdida demográfica en sus respectivos territorios que, en el caso de la Diputación de Albacete ha supuesto un esfuerzo inversor de 43,5 millones de euros en diferentes programas.
Ahora, y a través de esta ‘agenda común’ se busca que haya un efecto multiplicador en los resultados con el fin de garantizar servicios a los habitantes de las zonas afectadas por la despoblación en esta provincia.
La Diputación de Albacete dirigió 43.523.120 € de sus ‘Presupuestos 2022’ a medidas a iniciativas que, directamente, la Diputación impulsó en las Zonas Escasamente Pobladas o en Riesgo de Despoblación del territorio albacetense. Cifra, al margen del capítulo I (que, de incluirse, incrementaría la proporción presupuestaria invertida a más del 50% de las cuentas provinciales).
El presidente provincial de Albacete y el vicepresidente regional se estrechan la mano tras firmar el protocolo para una 'Agenda Común' en materia de Reto Demográfico entre ambas instituciones
De esta forma, la institución provincial se adhiere ‘de facto’ a algo que, como ha explicado el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ya viene apoyando mucho más allá del acuerdo hoy rubricado: la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD). Todo, con el objetivo de “seguir trabajando desde ese enfoque transversal que entendemos que es el único posible para las múltiples dimensiones que afectan al reto de la despoblación y que lo determinan”, ha señalado.
Y es que, como han explicado, a ambas partes las mueve el deseo de trabajar para garantizar, cada día un más y un poco mejor, el acceso de los vecinos y vecinas a los servicios públicos y a las infraestructuras básicas en los municipios rurales, adoptando medidas que contribuyan a su desarrollo y que favorezcan el asentamiento y la fijación de población. Un ‘reto’ en el que, como siempre defiende Santi Cabañero, “el trabajo desde la concertación entre administraciones, es clave”.
Y especialmente lo es, ha reseñado, el Ejecutivo castellano-manchego: “referente en España y en Europa” a la hora de abordar el Reto Demográfico, a través de la Ley pionera 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de la que, precisamente, parte la Estrategia a la que este lunes se ha sumado oficialmente la Diputación de Albacete y que, con una vigencia de 10 años (con revisiones cada 4), aspira a desarrollar del modo más eficaz posible sus 210 medidas.
Apuesta de su equipo de gobierno por la discriminación positiva hacia las localidades menores
Como ha relatado Cabañero, fruto de este Protocolo, el gobierno de la Diputación de Albacete se compromete a dos cuestiones que ha calificado de “cruciales” y que, ha subrayado, la institución que preside “viene poniendo en práctica desde hace tiempo”:
De un lado, “incorporar la dimensión demográfica en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas adecuadas a la realidad de cada zona del medio rural que – ha puntualizado -, no es ni mucho menos igual en toda su extensión”. De otro lado, a incorporar en sus bases y convocatorias de ayudas y subvenciones, criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo específico para Zonas Escasamente Pobladas (ZEP) y en Riesgo de Despoblación (ZRD). Y esto es, como ha insistido, algo intrínseco a la acción de su gobierno provincial desde el primer día.
En este sentido, Santi Cabañero ha elogiado también el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha que, con la Ley de Acompañamiento a sus Presupuestos 2023, ha mejorado su propia ‘hoja de ruta’ para corregir situaciones que podían suponer “agravios injustos” para la población de ciertas zonas.
En Castilla-La Mancha hay 26 áreas rurales afectadas por la despoblación, de las que 5 están en la provincia de Albacete clasificadas como Zonas Escasamente Pobladas: 2 son Zonas de Intensa Despoblación (AB-2 y AB-3); y, las otras 3, de Extrema Despoblación. Las forman unos 73 municipios que suponen cerca del 84% de la población.
En el marco de esta ‘Agenda Común’ orientada al cumplimiento de la Estrategia regional con el fin de “ser más certeros y eficaces impulsando y haciendo llegar las medidas”, el gobierno provincial de Albacete tiene recogidas todas las políticas activas que puso en marcha frente a la despoblación en sus Presupuestos 2022 (cantidades que, en todo caso, se verán incrementadas con las cuentas de este año cuando se proceda a su clasificación, como ha avanzado Cabañero.
El presidente provincial de Albacete y el vicepresidente regional firman el protocolo para una 'Agenda Común' en materia de Reto Demográfico entre ambas instituciones
Más de 43.500.000 € en “políticas concretas y tangibles” frente la Despoblación
Así, ha insistido, fueron más de cuarenta y tres millones y medio de euros los que la Diputación de Albacete destinó a “políticas concretas, tangibles”, que ya llegaron a alguna de las localidades de la provincia de Albacete incluidas en las Zonas Escasamente Pobladas y Zonas en Riesgo de Despoblación, y dentro de las diferentes áreas analizadas.
Así, como ha detallado Cabañero, 11.762.993 € se invirtieron en el ámbito de los Servicios Públicos, con medidas destinadas a garantizar: el acceso a la sanidad pública; a la educación pública; a los servicios sociales y al transporte.
2.222.991 € se orientaron al ámbito económico, dentro de las líneas delimitadas para: diversificar la actividad económica (turismo, economía social, artesanía, comercio…); fomentar el empleo, especialmente, en personas y colectivos con baja inserción; impulsar la promoción económica y empresarial y la financiación de su actividad; modernizar el sector agrícola, ganadero y forestal; y fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación.
Al ámbito social destinó en ZEP y ZRD, dedicó un total 2.332.280 €, atendiendo líneas dirigidas a: - conciliar la vida personal, familiar y laboral; mejorar la inclusión social; promocionar la cultura y el ocio responsable; mejorar la atención a las personas consumidoras; facilitar el acceso a los servicios bancarios y financieros y sensibilizar sobre el cambio demográfico y sus implicaciones.
Y 27.204.857 € fue la importante cifra dirigida al ámbito territorial, respondiendo a líneas como: cooperar con las entidades locales para la ordenación urbanística; garantizar la accesibilidad por carretera a las zonas despobladas; fomentar las energías renovables; garantizar el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; y potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
