El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha calificado de “gran noticia” que la ciudad de Albacete no tenga que pagar por beber agua procedente del pantano de Alarcón a los regantes valencianos por debajo de la curva de reserva de este embalse. Una presa que ejerce como sistema regulador del trasvase Tajo-Segura. De hecho, el caso de este embalse es único en España: un bien público destinado a fines privados al construirse en el beneficio de un colectivo en particular, la Comunidad de Regantes de Valencia. El acuerdo en los años 40 del siglo XX, en plena época franquista, estableció que el Estado construiría la infraestructura y los regantes devolverían el coste en un plazo de 30 años sin intereses. Así conseguirían el uso exclusivo del agua embalsada por la que hoy paga la ciudad de Albacete.
Según ha desvelado el edil, esta nueva situación se recoge en la propuesta del Plan Hidrológico para la Demarcación del Júcar, que regulará este recurso hasta el año 2027, que se llevará al próximo Consejo Nacional del Agua, a celebrar el próximo 29 de noviembre.
Sáez Cruz ha comentado que “de esta forma, quedarán incorporadas al nuevo Plan Hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Albacete con objeto de que este acuerdo mantenga las mismas premisas que el plan vigente, de forma que el artículo 60 del nuevo Plan Hidrológico recogerá que el abastecimiento para Albacete y su área de influencia será atendido con recursos superficiales del río Júcar y la Administración General del Estado asumirá el cumplimiento de lo establecido en el artículo 60.2, que hace alusión a los costes económico derivados del abastecimiento de agua por debajo de la curva de reserva del pantano de Alarcón”.
El regidor albacetense ha señalado que “frente a quienes sólo ejercen el papel de agoreros, el equipo de Gobierno se dedica a gestionar la prestación de servicios para la ciudadanía albacetense, “y con ello, la calidad de vida”.
La inclusión de esta demanda del alcalde de la ciudad en representación de todos los vecinos y vecinas “demuestra que este equipo de Gobierno trabaja con las luces largas, y el trabajo que se ha desarrollado durante todo este tiempo ha dado sus frutos”. “Ya teníamos el compromiso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como ya anunciamos hace un mes en un pleno, y la confirmación viene dada por su incorporación al texto que se incluirá dentro de la propuesta del Plan Hidrológico para la demarcación del Júcar”.
En este punto, Emilio Sáez ha señalado que “tengo que agradecer el compromiso demostrado por el presidente de la CHJ, y también al director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teodoro Estrela, por su disposición por aceptar las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Albacete que defienden los intereses hídricos de la ciudad, camino en el que hemos encontrado también la complicidad del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que en todo momento nos ha acompañado en conseguir este logro”.
Los antecedentes
En 2019 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete daba el visto bueno al acuerdo para dar por zanjado el conflicto judicial abierto por el pago de compensaciones a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por el uso del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008.
Lo hacía tras recordar que fueron unos años en los que la sequía dejó el embalse por debajo del nivel a partir del cual los usuarios de Alarcón debían compensar a la USUJ y aseguraba que se pagaría antes de fin de año la deuda, ratificada por los tribunales superior al 1,1 millones de euros incluyendo intereses.
El embalse de Alarcón fue construido por el Estado, pero con las aportaciones económicas de la USUJ, entidad que aglutinaba a regantes valencianos. En 1983 una sentencia reconoció que para usar dicho pantano debía llegarse a un acuerdo con la USUJ y rubricar el preceptivo convenio; en 1998 el Plan Hidrológico del Júcar recogió la necesidad de dicho convenio y en el 2001 se firmó el convenio de Alarcón entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ para la gestión del sistema hidráulico del Júcar (Alarcón-Contreras-Tous).
En virtud de dicho convenio, el entonces Ministerio de Medio Ambiente se quedaba con los derechos de explotación y conservación del pantano, si bien la USUJ se quedó con ciertas garantías, como una "reserva de volúmenes" del río y recibiría unas contraprestaciones económicas en caso de que la reserva no se pudiera garantizar.
En el 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) adoptó una serie de acuerdos y fijó los niveles de curva de reserva para la USUJ, el coste de las compensaciones y los usuarios, entre ellos el Ayuntamiento albaceteño, que debían pagarla si tomaban agua del embalse una vez alcanzados esos niveles de reserva.
El Ayuntamiento de Albacete recurrió en los tribunales este acuerdo y cinco años después, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y tres años más tarde, en 2013, los tribunales concluyeron que esa reserva de caudales a la USUJ era conforme a derecho, pues tenía su origen en el Plan Hidrológico del Júcar.