La macrogranja ubicada en el municipio albaceteño de Balsa de Ves, propiedad de Granja de Ves S.L. (Grupo Sanchiz), cuenta con 2.500 cerdas reproductoras produciendo 100.000 lechones al año, 13.500 m3 de purín y 45 toneladas de nitrógeno, según indican ecologistas en Acción de la Manchuela.
Tras la Autorización Ambiental Integrada (AAI) inicial en 2006 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha permitido nueve modificaciones, calificadas administrativamente como “no sustanciales”, que incluyen la construcción de una nueva nave en otra parcela, apertura de pozos nuevos, instalación de planta de biogás y sucesivas autorizaciones de nuevos sustratos, que son los residuos que alimentan la digestión anaerobia, y de la cantidad de estos. "El único criterio que se ha seguido para estas autorizaciones es que no se aumentaban el número de cabezas y por tanto tampoco el de recursos necesarios. Es así como se ha llegado a que se requieran 3.133 parcelas de 11 municipios diferentes para dispersión del digerido", señalan.
Según Ecologistas en Acción de la Manchuela (Albacete y Cuenca) la instalación de la planta de biogás en 2010 sirvió “como lavado verde de la nula sostenibilidad de una actividad de este tipo”. Esta planta trataba los 13.500 m3 de purines junto con 2.300 de co-sustratos necesarios para la eficiencia del proceso de metanización. El biogás producido iría destinado en principio a mover una pequeña central de cogeneración que produciría 250 Kw de electricidad y calentaría la nave de recría y el propio digestor de 2.500 m3.
Naturalmente el contenido de nitrógeno del digestato es el mismo que el de los purines, tal y como reconoce la AAI (45 toneladas) y, por lo tanto, "los problemas de nitrificación del suelo pueden resultar idénticos".
En 2017 y a través de otra modificación no sustancial se autorizó a la planta a ampliar los co-sustratos y se elevó la cantidad a 23.600 toneladas al año, multiplicándose por diez la entrada de estos.
Solicitudes de información
En 2021, y ante las quejas de los vecinos de Balsa de Ves, Ecologistas en Acción de la Manchuela (anteriormente ACEM) se dirige a la Consejería de Agricultura con la solicitud de los planes de gestión de purines del Grupo Sanchiz. Dicha solicitud fue denegada en base a la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, negándose a facilitar la información solicitada y haciendo primar los intereses económicos o comerciales y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial por encima del derecho a la información ambiental que ampara a todos los ciudadanos.
En ningún momento la respuesta menciona la ley 27/2006 por la que se regulan los derechos a la información en materia ambiental, y esta es la ley en que se basó Ecologistas en Acción para solicitar de nuevo la información que, después de 13 meses, la Consejería de Desarrollo Sostenible no ha contestado, “en una muestra de falta total de transparencia y con un sesgo probado de favorecer a los intereses de las grandes corporaciones por encima de los derechos ciudadanos”, según los ecologistas.
Recientemente, el Ayuntamiento de Balsa de Ves sí que ha recibido información parcial, casi imposible de interpretar en forma de un anexo en PDF dónde faltan fechas, dónde la información aparece disgregada e incompleta vulnerando según los ecologistas “el derecho a obtener la información ambiental en el formato adecuado para su comprensión y manejo” se trata , según ellos de “una burla”.
Esta no ha sido la única información que ha sido negada a la ciudadanía, también continúa sin respuesta la solicitud de los resultados de los análisis de las muestras obtenidos por el SEPRONA en el 2020 y pedidos por el Ayuntamiento del municipio.
El plan de gestión de purines inicial sí que figuraba en el expediente de Autorización Ambiental Integrada, al igual que los del resto de instalaciones de porcino, por lo que, según los ecologistas, “no se entiende que se apele ahora a una supuesta prevalencia del secreto profesional e industrial”.
El historial de la macrogranja Granja de Ves, propiedad del grupo Sanchiz, muestra, según los ecologistas, las deficiencias en la aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, de las leyes que regulan el sector porcino en general y de la ausencia de las mismas referidas al sector del biogás.
Argumentan desde esta asociación que se trata de una planta de tratamiento “cada vez más insostenible” por cuanto a ella llegan por carretera residuos de toda la geografía española en camiones de gran tonelaje , recorriendo en total miles de kilómetros al año, y con una elevadísima huella de CO2.
Rechazan este modelo de “falsa economía circular” propuesto por las grandes empresas vinculadas a la ganadería industrial, modelo que “constituye una huida hacia delante exprimiendo el medio ambiente como moneda de cambio”. Y piden al Gobierno Regional “que respete sus propias leyes de transparencia y ampare los derechos de sus ciudadanos en lugar de los de las grandes empresas”.