El sindicato CSIF ha reclamado a la Junta un protocolo de actuación ante agresiones a docentes ya que considera que los maestros y profesores no cuentan con las herramientas necesarias para elaborar una respuesta ante casos de agresiones físicas, verbales o conductas de hostigamiento.

En este sentido, apunta que la Consejería de Educación, a través de la resolución de 18 de enero de 2017, cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha, pero sólo contempla casos entre alumnos.

“De esta forma, la Administración regional está obviando un problema real y muy grave que está ocurriendo en las aulas de la comunidad autónoma. La violencia hacia el profesor puede llegar a partir de los alumnos o de los propios familiares de los alumnos”, recalca que CSIF, que indica que, según la Memoria del pasado curso 2018-2019 de la Unidad de Atención al Profesorado (UAP) de la Junta, se registraron 158 incidencias, frente a las 102 del curso anterior.

De ellas, 88 casos tuvieron lugar en centros de Educación Infantil y Primaria y 54 en Secundaria. La UAP también revela que el Protocolo Operativo de Atención de Urgencias (SAU 112) se activó en 28 ocasiones y hubo hasta 46 casos con asistencia letrada.

14 casos de agresión física y 11 de daño patrimonial

Los mayores incidentes se concentraron en mayo y junio de 2019 (52), y por provincias Toledo continúa siendo la provincia con mayor número de incidentes registrados (80 casos), seguida de Ciudad Real (35), Guadalajara (20), Albacete (18) y Cuenca (8).

Entre los datos de la memoria, señala también que en Infantil y Primaria el mayor número de incidentes está provocado por madres, y familias, mientras que en Secundaria son los alumnos.

Amenazas, generalmente acompañadas de insultos y actitud agresiva e intimidante, continúa siendo el incidente más frecuente (57 casos). Además, se han registrado 14 casos de agresión física y 11 de daño patrimonial.

“Un plan más ambicioso”

Por ello, CSIF cree que, además de trabajar en la prevención y formación del docente, la Consejería debe plantear “un plan más ambicioso a través de soluciones educativas, como bajada de ratios y comunidades de aprendizaje, y sobre todo dotación económica y de personal para los centros”.

La Administración cuenta con un protocolo operativo entre la Dirección General de Protección Ciudadana, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, de la Consejería de Educación, para la atención de urgencias a través del Centro 1-1-2 en el marco de actuaciones para la defensa del profesorado en Castilla-La Mancha.

No obstante, CSIF considera “especialmente relevante un protocolo de actuación ante casos de violencia que no necesariamente tienen que derivar en atención médica, y es que situaciones como las agresiones verbales y conductas de hostigamiento que buscan un desequilibrio emocional son más frecuentes de lo que dictan las estadísticas”.

“Es más, la Ley de Autoridad del Profesorado no cuenta con aplicación real en las aulas en las que existe un entorno de conflicto, además de que los docentes implicados en este tipo de situaciones tiene miedo de exponer su caso y ni siquiera se plantea presentar una denuncia”, concluye el sindicato.