Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, nuestro país se sumaba al elenco de estados democráticos y de derecho que ya se habían perfilado y asentado en buena parte de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces el legislador se ha preocupado de proteger los derechos fundamentales recogidos en la carta magna, así como de abordar el desa rrollo de distintos derechos y libertades civiles auspiciados por una sociedad cada vez más humanista y bajo el objetivo de generar avances garantistas de los postulados que ya impregnaron buena parte de la Ilustración.
Este eterno año se cumplían 100 desde el viaje del socialista Fernando De los Ríos y Urruti a la Rusia soviética en 1920. A partir de “Mi viaje a la Rusia sovietista”, publicado en 1934, podemos extraer algunas notas de aquella conversación con Lenin en la que, tras exponer el segundo las fortalezas que estaba alcanzando tras la Revolución de Octubre, De los Ríos, sospechoso de lo que será la futura dictadura stalinista, pregunta: «¿y las libertades?». Lenin contesta «¿Libertad para qué?». «Libertad para ser libres», pensó el español.
Es aquí donde convengo en reparar un segundo sobre el mal uso o perversión que a veces se les asigna a los derechos o a las libertades; llamando derecho o libertad a una forma de entenderlos y no al derecho o la libertad en sí mismos. Hace escasos días el también socialista Patxi López recordaba esta consigna en el Congreso de los Diputados, haciendo una caricatura de quienes jalean desde la bancada de la derecha reclamando libertad pero solo la invocan para imponer su criterio, a gritos y desde los escaños que ocupan y hacia la tribuna donde cada sesión plenaria libremente exponen lo que placen.
Haciendo un repaso por las principales leyes nacionales que han transformado nuestro país en la España que hoy conocemos, podríamos citar la Ley General de Sanidad, de 1985, que constituyó un modelo de sanidad pública y de cobertura universal; la Ley de pensiones no contributivas, de 1990, que dio subsidio a casi medio millón de personas jubiladas, principalmente jornaleros del campo y empleadas del hogar, quienes pese a trabajar durante toda su vida no habían cotizado para ser beneficiarios de una pensión contributiva; la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, que garantizó a partir de 1996 el derecho de defensa jurídica de los ciudadanos; la Ley del matrimonio igualitario de 2005, que deja de discriminar el modelo de familia que cada uno elegimos y el derecho a amar libremente; la Ley de dependencia de 2006 que implantaría el cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar; o la Ley de salud sexual y la interrupción voluntaria del embarazo o «ley del aborto», de 2010, que ha permitido a las mujeres elegir libremente sobre su cuerpo y su voluntad o no de ser madres.
Todas estas leyes trajeron importantísimos avances sociales, derechos y libertades civiles que hoy disfrutamos sin siquiera cuestionar, aunque de inicio las fuerzas políticas reaccionarias se hayan situado en contra hasta el punto de llevar alguna ante el propio Tribunal Constitucional. En cualquier caso, todas tienen denominador común: fueron impulsadas por gobiernos socialistas.
Misma hoja de ruta que puede abstraerse de la que será la nueva Ley de eutanasia y que garantizará la dignidad en la muerte de aquellas personas que por su situación clínica resisten con más miedo a la vida que al propio final. Esta nueva conquista social se logra con los votos de los partidos de la izquierda, y la oposición frentista de los de siempre: PP y VOX.
Y es que quienes votan con la nostalgia del pasado, y no con la ambición del futuro, lo hacen tratando de negar la libertad que aclaman en insultos y dañan con sus acciones. El matrimonio igualitario no obliga a nadie a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, pero si concede el derecho potestativo a hacerlo. La ley de interrupción voluntaria del embarazo no implica que una mujer joven no pueda ser madre, ni lo estigmatiza, sino que refuerza la libertad individual a todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. De la misma manera, la ley de eutanasia va a permitir a cualquier ciudadano morir dignamente, sin alargar una agonía que causa más dolor que la propia muerte, con todas las garantías y el derecho a decidir del paciente.
En conclusión, la ley de eutanasia supone un nuevo derecho civil que se añade a las conquistas socialistas para vivir libremente. Una ley que da justicia a las personas y familiares que sufrieron de forma impotente su dolor. Una ley que nos hace más libres: libres hasta el final, incluso en la propia muerte.
Javier Boj Marqués
Secretario General
Juventudes Socialistas Provincia de Albacete
