Podemos Castilla-La Mancha realizará una consulta ciudadana entre los días 21 y 23 de junio para ratificar el acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE. Así lo ha anunciado el secretario general de la formación y también diputado electo, José García Molina, en una rueda de prensa celebrada en la tarde de hoy.

Molina ha explicado que de esta manera Podemos Castilla-La Mancha cumple el compromiso de realizar una consulta que adquirió el pasado día 31 de mayo, día de la región, después de realizar todos los preparativos técnicos necesarios. En la consulta, las personas inscritas en Podemos CLM podrán decidir si los dos parlamentarios de la formación deben apoyar la investidura del socialista Emiliano García Page, siempre que se acepten los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones, o deben abstenerse y no apoyar a ninguna formación. Según la ley electoral de Castilla-La mancha, esta abstención supondría de facto dar el gobierno a la lista más votada, es decir, la del PP de María Dolores de Cospedal.

Por otra parte, el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha ha celebrado el acuerdo porque “supone un gran triunfo para la mayoría social de la región, para la gente, ya que compromete al futuro gobierno a desarrollar el Plan integral de lucha contra la desigualdad con el que Podemos se presentó a las elecciones”. Para Molina, “el acuerdo de investidura en Castilla-La Mancha es una victoria de la nueva manera de hacer política, con la gente y para la gente”.

Las trece medidas que plantea Podemos

En la comparecencia Molina también ha anunciado que su formación ha hecho público en su web el documento que recogen las trece medidas acordadas con el PSOE y que tendrá que ser sometidas a deliberación pública. La primera de estas medidas es la establecer Procedimientos de Emergencia Ciudadana para asegurar aquellas prestaciones que garanticen la integridad física y psicológica y las condiciones de vida dignas de las personas. Estos procedimientos tienen que tener prioridad presupuestaria.

En segundo lugar Podemos plantea la puesta en marcha de un Plan de Rescate Habitacional con mecanismos necesarios para asegurar que no se producirán desahucios sin que la administración haya intermediado para dar una alternativa habitacional o una negociación y acuerdo entre las partes. Además, y como tercer punto del acuerdo entre Podemos y PSOE, se esablece que el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que poner en marcha un órgano de fiscalización externa y realizará una auditoría pública de la deuda.

A ello le sigue la paralización de los planes de privatización de la administración pública y creación de un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados.  Otra de las medidas que plantea el acuerdo PSOE-Podemos  es la puesta en marcha del Plan integral de lucha contra la desigualdad social  que tiene como objetivo luchar contra la pobreza energética, infantil y económica tendrá una primera dotación anual de 500 millones de euros.

Además Podemos pide la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha y la creación de un escaño simbólico ciudadano en las Cortes Regionales. Todo ello acompañado por la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana para la que el gobierno regional tendrá que desarrollar herramientas de democracia digital y aprobar estrategias de gobierno abierto en la administración autonómica para aumentar la transparencia y participación ciudadana.

Otra de ls propuestas de Podemos es la creación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que permita el acceso real de la ciudadanía a la información sobre los criterios de adjudicación de los contratos públicos, la declaración de bienes, rentas y actividades de todos los cargos públicos; y los gastos de la Junta de Comunidades.

Y por último uno de los imprescindibles para podemos tiene que ver con la Ley de Dependencia: Derogación inmediata del Decreto 26/2013, de 23 de marzo de 2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Elaboración progresiva del PIA (Plan Individualizado de Atención) para las más de 27.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. En el plazo de un año, todos los expedientes de Dependencia acumulados serán tramitados.