El pasado martes se presentó un informe demoledor sobre la pobreza en España, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado por Philip Alston, exrelator de este organismo internacional. En dicho documento, se constata que en nuestro país entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que para el 99% restante subieron menos de un 2%. La recuperación después de la recesión ha dejado a muchas personas atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron.
En dicho documento, que nos avergüenza totalmente, se constata que el 26,1 % de la población y el 29,5 % de las niñas y niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, que
el porcentaje de las personas menores de 25 años que no tienen empleo alcanza el 30,51% , que
muchas personas tienen un puesto mal remunerado, a tiempo parcial o temporal y perciben un sueldo insuficiente a todas luces para atender sus necesidades básicas. En pocas palabras que
los índices de desigualdad en España son terriblemente altos, y los correspondientes indicadores se sitúan muy por encima del promedio de la Unión Europea.
¿Nadie de nuestra clase política se va a sonrojar ante este panorama tan desolador?
La puesta en funcionamiento, hace pocas semanas, del Ingreso Mínimo Vital es un primer paso para erradicar esta extrema pobreza, pero resulta insuficiente si no se abordan otras medidas. Por ello, urge que en todos los ámbitos territoriales se tome en serio el derecho a la vivienda, aumentando considerablemente las inversiones en vivienda protegida, desincentivando fiscalmente que se dejen viviendas vacías, adoptando medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”, estudiando seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades, actuando para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes, sin olvidar proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y de suministros básicos y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar.
También ha llegado el momento de realizar una verdadera reforma fiscal, para que sea real la progresividad del sistema tributario español y se incrementen los ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea, lo que permitirá obtener los recursos necesarios para financiar adecuadamente la protección social. No hay medias tintas, el impuesto a las grandes fortunas debe ser una prioridad del gobierno de coalición, aprobando una nueva norma para que paguen mucho más los que más tienen. Llegó la hora de aumentar el tipo efectivo del impuesto de sociedades e invertir en programas más eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude fiscal.
La red de protección social en nuestro país ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente. No se puede seguir tolerando que tantas personas vivan en condiciones tan indignas. Nuestra clase política no puede aparcar por más tiempo su responsabilidad para hacer frente a esta extrema pobreza.
PD.- Con este artículo damos carpetazo al convulso curso 19/20, nos tomaremos unas semanas de descanso y reflexión. Nos volvemos a leer en septiembre. Buen verano para todas y todos.
¡La lucha sigue!
*El Colectivo Puente Madera está formado por Enrique Cerro, Esteban Ortiz, Elías Rovira y Javier Sánchez.