Unas 17 entidades y asociaciones de Castilla-La Mancha y estatales piden una moratoria inmediata a la instalación de nuevas plantas de energías renovables de grandes dimensiones en la región mediante un manifiesto en defensa del paisaje rural, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la comunidad.
Esta iniciativa, que ya está desarrollada en otras comunidades autónomas, está auspiciada por la “Alianza Emergía y Territorio” (Aliente) que agrupa a más de 135 entidades y asociaciones de todo el estado. Aliente presenta un manifiesto de 13 medidas para garantizar un modelo energético distribuido y justo y para garantizar la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Dicho manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación.
Este manifiesto surge ante la “avalancha” de las grandes empresas eléctricas y grupos de inversión, promoviendo “macro proyectos de forma masiva por toda la región y que pretenden ocupar tierras fértiles o de gran valor ambiental en vez de las cubiertas y y el suelo cercano a las zonas urbanas e industriales como correspondería a estas tecnologías y que la propia”, aseguran en él, y dado que estas propuestas “se están realizando de forma desordenada y supondrían la ocupación y deterioro de grandes extensiones de áreas de cultivo, pastizales, bosques, dehesas y estepas naturales de gran importancia y amenazan a poblaciones de aves, quirópteros (murciélagos, ..), zonas ZEPA y al patrimonio cultural y paisajístico de los territorios”.
Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor potencia solar instalada de España, continúa el manifiesto, “facilitada por la ausencia de una legislación ambiental más desarrollada con la que sí que cuentan otras comunidades autónomas, así como de directrices de obligado cumplimiento para zonificar terrenos no aptos para estas instalaciones”.
“La falta de desarrollo de los mecanismos y organismos legales de nuestra propia legislación regional ( Observatorio Regional para las Energías Renovables ni la Agencia de la Energía) y la contradicción con las normativas y leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas (Ley del Paisaje, Ordenación del Territorio, Economía Circular) redundan en el cuestionamiento urgente de esta implantación desordenada y no controlada de las macro instalaciones”, continúan desde estas entidades.
A esto, aseguran los firmantes, “hay que añadir la infraestructura eléctrica accesoria, como subestaciones, líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad y demás proyectos de interconexión eléctrica transfronterizos, que aumentan el impacto sobre el paisaje, las poblaciones y los ecosistemas”.
Además, añaden, “dichas instalaciones supondrían, junto con la la pérdida de tierra que siempre, y ahora más que nunca, es un valor de futuro y que implicaría de forma directa la expulsión y pérdida de actividad agro-ganadera, el modelo de macroplantas nos llevaría a una nula creación de empleo y economía de calidad en el sector secundario y por lo tanto fomentarían el despoblamiento y el desequilibrio estructural de nuestro territorio. La propia Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), aboga por un modelo distribuido, por su mayor eficiencia, justicia social y su mayor creación de empleo, especialmente local”.
Por otra parte, continúan estas asociaciones, “este modelo de macroinstalaciones y distribución ampliada conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo que supondrían a la larga un mayor y totalmente contradictorio deterioro ambiental”.
Y finalmente, “como muestra la subida incontrolada y muy cuestionada y cuestionable de la factura eléctrica del último mes, estas macroplantas parecen estar diseñadas por y para mantener el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión, cuyos servicios han generado históricamente y hasta el momento un grave problema de carestía, pobreza energética y descontrol tarifario”, añaden.
Por todo esto, consideran imprescindible esta Moratoria que paralice la autorización de mega parques fotovoltaicos, “hasta que no dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”.
“Necesitamos que el nuevo modelo energético sea compatible y fomente la protección del paisaje, la biodiversidad, las actividades agrícolas, y en definitiva el clima, la naturaleza y la calidad de toda la ciudadanía y la vida de nuestros pueblos, mientras tanto llamamos a a su vez a los ayuntamientos afectados para que aprueben moratorias de licencias municipales a la instalación de este tipo de plantas. Y a dotarse de herramientas adecuadas, como planes de ordenación municipal. A su vez hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales, ambientales y rurales de nuestra comunidad para que se sumen a esta demanda de Moratoria”, concluyen las 17 entidades y asociaciones en el comunicado de prensa.
En la provincia de Albacete, Acem (Asociación Conservación Ecosistemas de la Manchuela) y la SAO (Sociedad Albacetense de Ornitología) suscriben este manifiesto.
