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Un mapa para establecer dónde amenaza la exclusión financiera a pueblos y pedanías albaceteñas. Será uno de los primeros pasos que tomará la mesa de trabajo contra esta situación, que ha comenzado a formarse este lunes. El presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, ha presidido una primera reunión formal con representantes de los cuatro grupos políticos: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos-Izquierda Unda.
De este modo, se ha ido concretando bajo qué premisas y contando con qué protagonistas trabajar en próximas citas de esta mesa con el fin de avanzar, de forma "oficial y articulada", en la defensa del "correcto acceso" de los vecinos y las vecinas de la provincia a los servicios bancarios. La herramienta del mapa será la primera en la que quiere trabajar la Diputación a través de esta mesa para ir concretando la situación, pueblo a pueblo.
Y es que, como en varias ocasiones (incluidos diversos plenos provinciales) tanto el presidente como el vicepresidente han podido explicar, ambos han venido manteniendo diversas reuniones con representantes de entidades financieras instaladas en el territorio provincial, trasladándoles directamente su "preocupación" por esta problemática creciente.
Estos encuentros han querido "salvaguardar y proteger los derechos de la población del medio rural" que, en este sentido, se está viendo cada vez más amenazada por una dinámica de recortes de servicios financieros por parte de algunas de estas entidades que han optado por priorizar el negocio a una adecuada atención a sus clientes, especialmente, a las personas mayores que son las más vulnerables en este tipo de cuestiones.
El apoyo de la Diputación a estas localidades es "firme"
Cabañero ha reiterado que la Diputación, "con el equipo de gobierno al frente, siempre ha dado dará todo su respaldo a los alcaldes y alcaldesas cuyos territorios ya están siendo afectados (o tienen cerca la amenaza de estarlo)" por estas posturas. Ha vuelto a reclacar también su "claro malestar" ante la decisión de cerrar cajeros o entidades bancarias, al margen del respeto que la institución y sus integrantes tienen hacia cualquier entidad financiera, empresa o persona (física o jurídica) que opere en la provincia.
A pesar del "poco margen de maniobra" que tiene la Diputación, porque no existen competencias en este ámbito, el objetivo de la institución es "defender que quienes viven en los pueblos, y especialmente esa población que es más vulnerable en ellos, no sean para estas entidades ‘ciudadanía de segunda". Cabañero ha ahondado en que esta mesa debe trabajar tanto por la vía de defender los derechos de cualquier persona a tener servicios financieros a su alcance viva donde viva, como por la de preservar los derechos de los ayuntamientos y entidades locales en este asunto.
Así, ha recordado que "no es justo" que las administraciones públicas, que se vuelcan por hacer que los servicios y recursos básicos lleguen del mejor modo posible el medio rural (a sabiendas de que es más caro que ofrecerlos en una gran ciudad), tengan que mantener los instrumentos necesarios para que haya servicios financieros en los pueblos con "los que las entidades que quieren abandonar a su gente, sigan ganando beneficios".
