Se calcula que pueden ser unos 300 los migrantes que viven en “condiciones de insalubridad” en los asentamientos ubicados en Las Peñas de San Pedro y La Pulgosa, dentro del término municipal de la ciudad de Albacete. Días atrás el sindicato CCOO Albacete visitaba estas instalaciones y advertía de que en ellas hay riesgos de enfermedades, e inseguridad, y que en algunas hasta viven menores.
Son los primeros que se han detectado en la provincia este año, pero se calcula que serán casi un millar la personas “que malvivirán durante las campañas agrícolas en los asentamientos de la provincia de Albacete. El sindicato recrimina a las administraciones y al empresariado que no se haya puesto una solución definitiva a un problema que se repite desde hace años”.
Para que conozcan sus derechos este lunes el sindicato ha organizado una jornada informativa, en uno de estos asentamientos de migrantes temporeros, en los que se les ha informado sobre arraigo social, laboral y familiar.
La senadora socialista por Albacete, Donelia Roldán, les ha informado acerca del arraigo social, laboral y familiar y los requisitos que la población inmigrante debe
cumplir para acceder a las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se conceden a las personas extranjeras que se hallen en España, y o bien tengan vínculos familiares o estén integradas socialmente.
En el caso de arraigo laboral la autorización de residencia temporal se podrá conceder a aquellas personas que hayan tenido un trabajo durante un mínimo de seis meses. “Queremos que conozcan qué requisitos se necesitan para recibir el arraigo laboral”, explica Juan Francisco Zamora, de CCOO, y gracias al cual, explica, estos migrantes “tendrían derecho a recibir unas ayudas a las que hoy por hoy no tienen acceso “al ser totalmente anónimos”.
Tener un contrato de trabajo continuado con uno o varios empleadores de más de 30 horas semanales, un comunicado de alguna ONG o Ayuntamiento,…, Eso les permitiría tener el “arraigo temporal” para que puedan acceder a ayudas sociales, añade el sindicalista.
Es, en definitiva, “darles a conocer sus derechos” para que tengan una condiciones “más dignas de vitabilidad y de integración social”.
La realidad que se han encontrado los sindicatos en estos asentamientos pasa por una situación de vida y laboral totalmente irregulares. “Se dan casos de que no saben si están dados de alta en la seguridad social”, explica Zamora, o casos de migrantes que llevan un año con el mismo empleador “y no están dados de alta, no les han hecho ni contrato”, por lo que “si les pasa algo, un accidente laboral, tenemos que recurrir a la vía judicial para que se reconozca como tal”, sentencia.
Los que sí cuentan con cotización a la seguridad social y contrato no tienen una situación mejor. CCOO denuncia que muchos de ellos trabajan por 8 euros “y les quitan 2 para pagar el transporte”. Es por ello que el sindicato exige que se les aplique el convenio del campo.
