El procesado se declaró inocente durante el juicio, si bien el jurado popular le declaró culpable por unanimidad

Fueron determinantes las declaraciones de los testigos, así como las pruebas aportadas por los Agentes Medioambientales integrantes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF)

 

La Audiencia Provincial de Albacete ha declarado culpable a FAQV por un delito de incendio forestal ocurrido en febrero de 2013 en el término municipal de Hellín (Albacete), que afectó a una superficie de 250 metros cuadrados de matorral, y en el que fue determinante la participación de los Agentes Medioambientales pertenecientes a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

Según ha quedado acreditado en el juicio, el vehículo en el que circulaba F.A.C.V fue detectado junto a un incendio incipiente en terreno forestal por dos testigos, alejándose rápidamente del lugar. Uno de los testigos le siguió y, tras anotar la matricula de su coche, dio parte a las autoridades que poco más tarde detuvieron al sospechoso. Entre ambos testigos procedieron a sofocar las llamas.

En el juicio celebrado en Albacete, en el cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se presentó como acusación popular, fueron llamados a declarar los dos testigos principales, dos integrantes de la patrulla rural de la Guardia Civil de Tobarra y dos integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, todos ellos en calidad de testigos. También declararon los Agentes Medioambientales pertenecientes a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), si bien estos lo hicieron en calidad de peritos.

Las declaraciones de los testigos principales fueron determinantes, al situar al acusado en el lugar de los hechos en los primeros momentos incendio. Asimismo, las pruebas presentadas por los agentes medioambientales fueron determinantes para concluir que el incendio se produjo de manera intencionada. Además, los Agentes estimaron un potencial de quema (superficie susceptible de haber ardido en condiciones meteorológicas favorables y en caso de que no se hubiera producido una rápida actuación de los testigos) de unas 450 hectáreas.
Tanto la fiscalía como la acusación popular solicitan una pena de un año de prisión y una multa de 2.160 euros al acusado.

Se da la circunstancia de que apenas dos meses después de ser presentado el atestado en los juzgados de Hellín por parte de los Agentes Medioambientales actuantes, el gobierno de Castilla-La Mancha impuso un nuevo protocolo de investigación de incendios forestales, el cual prácticamente desmantelaba las BIIF, perdiéndose el impecable trabajo que éstas desarrollaban en la persecución de delitos de incendio forestal.

Desde APAM-CLM “esperamos que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha apueste nuevamente por la constitución de estas Brigadas que tan buenos resultados han aportado a la ciudadanía castellano-manchega”.