Diferentes colectivo feministas — ‘No Somos Vasijas’, la ‘Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV)’ y ‘Stop Vientres de Alquiler’– han redactado un documento para pedir el compromiso de los diferentes partidos políticos contra la prostitución y los vientres de alquiler de cara a los comicios electorales del próximo 28 de abril. “Se trata de una agenda feminista contra estas dos situaciones que se viven en el mundo y que son dos de las principales situaciones de opresión a las mujeres”, ha explicado este martes Elena de la Vara, miembro de No Somos Vasijas.
Este documento, al que se han adscrito unas 80 asociaciones de todo el territorio nacional, insiste en la idea de que el alquiler de mujeres con fines reproductivos “atenta contra el concepto de dignidad humana”. Tal y como ha explicado Elena de La Vara, “las mujeres y los recién nacidos se convierten, a todo efecto, en meros objetos de transacción contractual para satisfacer deseos de terceras personas. Es una práctica que vulnera derechos esenciales”.
Pero ante una realidad en la que, si bien la gestación subrogada no está permitida dentro de España, pero sí se permite el registro de esos hijos nacidos de otra madre una vez pasan la frontera, los colectivos abolicionistas exigen la intervención con respecto a la instrucción de la Dirección General de Registro “que permite la inscripción de estos menores en fraude de ley”, asegura De la Vara, que insiste en que se trata de la “vía legal” que ampara y afianza “este negocio”.
Es una de sus peticiones pero no la única, en su decálogo de exigencias también se contempla la “prohibición de realizar en territorio español cualquier actividad relacionada con la intermediación que faciliten el acceso a estas prácticas en terceros países”.
Acabar con la prostitución
Por su parte, Lourdes González, ha defendido la postura abolicionista de los colectivos firmantes sobre la prostitución. “Debe ser reconocida como una forma reconocida de explotación y violencia” que representa “el paradigma de la desigualdad entre ambos sexos”, ha apuntado. Para ello piden que se suprima “la reforma promovida en 2015 del artículo 187 del Código Penal que legalizó de facto determinadas formas de proxenetismo (el aprovechamiento de la prostitución ajena), lo que dificulta sustancialmente la persecución penal de este tipo de conductas”, ha detallado González.
Otra de sus propuestas– de las trece totales– pide reforzar la legislación contra el proxenetismo con aumento penas y sanciones que estén “por encima de los beneficios obtenidos por la explotación de la prostitución”.
Aquellos que facilitan los inmuebles (pisos) donde se ejerce la prostitución, también están en el punto de mira de estos colectivos que quieren que el Código Penal incorpore penas de cárcel para ellos.
Tal y como han recordado se contabilizan unas 500.000 mujeres prostituidas en España por lo que llaman a la responsabilidad de la sociedad para poder acabar con la prostitución. “El 80% de los consumidores son hombres casados, con familia, que siguen esa práctica como una cosa lúdica”, ha apuntado Lourdes González que insiste en que esos consumidores “deben ser conscientes de que se usa el cuerpo de la mujer”.
A falta de datos concretos de mujeres prostituidas en la región tanto De La Vara como González apuntan a que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con más prostíbulos del país ya que esta es “tierra de paso”.
El consumo de pornografía en los jóvenes, paso previo al consumo de prostitución
El acceso a la pornografía desde edades tempranas a través de Internet es uno de los pasos previos al consumo de pornografía entre los jóvenes. Así lo ha apuntado Elena de la Vara que asegura que la pornografía ” te educa en la idea de la sexualidad desde el punto de vista pornificado”. Tanto así que , tal y como ha detallado, “empiezas a entender la sexualidad como medio de consumo”.
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