El Gobierno de Castilla-La Mancha intensificará el control para evitar que funcionen estaciones de servicio sin atención de personal en la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha trasladado hoy el apoyo del Ejecutivo regional, a las peticiones realizadas acerca de esta situación por la Federación de Estaciones de Servicio, FECAMAESS, así como por representantes regionales de los sindicatos CCOO, UGT y de FACUA y CERMI, durante una reunión celebrada en la sede de la Consejería.
La principal demanda de estos colectivos se ha centrado en el incumplimiento por parte de algunas gasolineras de la región del decreto 33/2005, referido a los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público. Este texto establece que todas estas instalaciones deben disponer de, al menos, una persona responsable de los servicios que en ella se prestan.
Durante la reunión, todos los colectivos representados se han mostrado de acuerdo en que, al no tener gastos salariales, las estaciones de servicio que incumplen esta normativa realizan una competencia desleal a quienes sí tienen personal, un punto en el que coinciden también los sindicatos, que apuestan por la creación de puestos de trabajo en el sector y el refuerzo de los ya existentes.
Asimismo, los responsables de FACUA y CERMI han resaltado que, “al no haber trabajadores que atiendan, las personas con discapacidad se encuentran con grandes dificultades para poner suministro en sus vehículos”.
Otro tema que el sector ha tratado durante el encuentro con la consejera ha sido la competencia desleal que ejercen las cooperativas agrícolas que dan suministro no sólo a sus cooperativistas, sino también a personas ajenas
Para los sindicatos
Esta proliferación, que se viene produciendo en la región desde 2010, afecta para mal a los empresarios honrados que sí cuentan con personal por la competencia desleal que suponen las gasolineras “desatendidas”, para los trabajadores y trabajadoras ya que se están perdiendo empleos, y para los consumidores, especialmente para aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, al no haber personal que les pueda atender, señala el secretario general de CCOO Industria Castilla-La Mancha, Ángel León.
Sindicatos, empresarios y CERMI piden al Gobierno regional que haga cumplir el decreto autonómico vigente, el 33/2005, que prohíbe las gasolineras “desatendidas” y prevé sanciones. Si bien, -advierte León-, las sanciones tardan y, además, son insuficientes. “A los empresarios piratas les vale la pena pagar las multas porque el ahorro en costes laborales sigue siendo superior (unos 100.000 euros/año). Por ello, “planteamos incrementar las sanciones y agilitar la tramitación de las denuncias”.
CCOO valora la disposición del Gobierno regional por buscar una solución a esta problemática. La consejera entiende el problema y comparte la preocupación y el interés por atajarlo. Así, se ha comprometido a convocar una nueva reunión en la que también estén las otras dos partes del Gobierno de Castilla-La Mancha, -Hacienda y Consumo-, afectadas.
En la región hay en torno a 670 estaciones de servicio, en las que trabajan unas 3.600 personas. De ellas unas 60 son gasolineras “no atendidas”, explica León, quien denuncia que en los últimos años se han perdido más de 600 empleos en nuestra comunidad autónoma.
La proliferación de estas estaciones de servicio además de provocar esta importante pérdida de empleo, pone en peligro la seguridad de las y los usuarios, puesto que en ellas se mueven grandes cantidades de materias peligrosas sin la presencia de ninguna persona que pueda controlar las ventas, las descargas, ni atender de forma debida a los consumidores.
Dificulta, además, enormemente el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a las estaciones de servicio, tales como disponibilidad para el público de hojas de reclamaciones, dispensa de facturas con garantías de cumplimiento tributario; prohibición de fumar; suministro de carburante en envases; disponibilidad de hojas de reclamaciones; prohibición de hablar por teléfono en las instalaciones, o protección de las personas con discapacidad.
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