En un debate con turnos de participación iguales, la Asociación de la PAH ha invitado a los partidos políticos a participar en un debate electoral centrado en materia de vivienda. En esta intervención han participado los propios miembros de la PAH que ha planteado el debate electoral desde sus cinco planteamientos políticos, sociales y económicos. Estas cinco propuestas son: dación en pago con carácter retroactivo, alquiler asequible, paralización inmediata de los desahucios, creación de un parque de vivienda públicas de carácter social, y finalmente, la paralización de cortes de suministros -luz, agua, gas- a viviendas afectadas por procesos judiciales. Los partidos que han participado en este debate electoral han sido Ciudadanos Albacete, Partido Comunista de los Pueblos de España, Podemos, Partido Popular, Partido Socialistas, Recortes Cero y Unidad Popular -IU. El debate ha estado formado por dos partes, por un lado las propuestas y por el otro la participación abierta al público. Los partidos han llevado distintos candidatos sin ser, en todos los casos, los cabeza de lista. Los moderadores han sido, Javier Marcellán y Alba Teresa Higuera, ambos miembros y activistas de PAH Albacete Stop Desahucios en la ciudad de Albacete.
La propuestas para este debate, y en estricto orden de participación, que ha seguido el orden alfabético, han comenzado con Ciudadanos Albacete. Su candidato como cabeza de lista al Congreso, Onésimo E. González, ha defendido la paralización de los desahucios acompañadas de una ley de segunda oportunidad y otra contra la exclusión social. Además ha defendido la puesta en marcha de un Plan Nacional de Vivienda. En segundo turno de Intervención José Manuel Miguel, cabeza del lista la Congreso por el Partido Comunista de los Pueblos de España, ha apostado por una banca pública que conlleve una vivienda pública, la paralización total de los procesos judiciales pero no la dación en pago sino la paralización de los pagos al banco en forma de aplazamientos de deuda. Por su parte Juan Miguel González, candidato al Senado de Podemos, ha explicado que ellos contemplan la dación en pago con carácter retroactivo en su proyecto político, acompañado de un plan de segunda oportunidad, y de vivienda pública y social correspondiente a los fondos buitres rescatados. Gonález ha defendido que todo ello se debería argumentar desde una modificación de la Constitución.
El Partido Popular, presente en la participación de Francisco Molinero, ha defendido su gestión afirmando ser el partido político que más ha hecho contra los desahucios con tres leyes, también ha afirmado que 96% de los desahucios no son de hipotecas suscritas bajo esta legislatura -ahora en funciones-. Francisco Tierraseca, portavoz en este acto del Partido Socialista, ha recordado las política que desde otras administraciones como Junta de Comunidades o Ayuntamientos están poniendo en marcha para apoyar a las distintas plataformas de afectados por la hipoteca. También ha afirmado que eso está ocurriendo en la provincia de Albacete, no así en la capital ya que manda el Partido Popular. Tierraseca también ha defendido un Plan de vivienda social y pública, una ley hipotecaria que no se trague más del 30 por ciento de los rescursos familiares y ha apostado decididamente por la re activación de la VPO como parte importante para la solución del problema de la vivienda en España. Recortes Cero, con la participación de José Salvador han explicado primeramente que son un partido que nace con implicación de distintas plataforma y personas a título particular que mantiene una propuesta política en favor de la igualdad. En materia de vivienda defienden que la primera vivienda sea inembargable a todos los efectos. Y por último, y siempre siguiendo orden de participación, Javier Sánchez, cabeza de lista al Congreso por Unidad Popular-IU, ha recordado que el proyecto político de Unidad Popular recoge punto por punto las necesidades planteadas por Stop Desahucios. Como propuestas complementarias a las cinco tesis de la PHA también contemplan la creación de un parque público de vivienda social que debería salir de los fondos bancarios rescatados y el blindaje constitucional del derecho a la vivienda.