Diferentes plataformas contra las Macrogranjas en la región se han reunido este jueves en Albacete para valorar l anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que comprometía la semana pasada una "moratoria con rango de ley" que impida la instalación de nuevos proyectos de ganadería industrial mientras no se clarifique la normativa nacional al respecto.

Una noticia que les parece incompleta. “Valoramos positivamente este cambio de actitud, ya que han sido prácticamente cinco años de lucha incesante por nuestra parte. Desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha catalogase al porcino como sector estratégico, hemos vivido un boom de proyectos de ganadería industrial sobre todo en Albacete y en Cuenca”, afirma Inma Lozano.

Desde las plataformas indican que después de tantos años de lucha se les escucha, pero se muestran cautelosas y prudentes ante la noticia. No “queremos que sea una artimaña electoral”. En 2019 se presentó una proposición no de ley, pero PSOE y PP votaron en contra, por lo que la reivindicación viene de lejos. Ahora es cuando se ha tomado realmente conciencia de que es necesario frenar todos los proyectos.

“Nos preocupa que no tenga carácter retroactivo. El presidente de la región anunció que solo iba a afectar a los nuevos expedientes, pero es que con eso no soluciona nada. Nosotros reivindicamos, exigimos y reclamamos que se frenen todos los proyectos que hay sobre la mesa, los que están en marcha. Si a día de hoy se aprobasen todos, el sector conseguiría cerca de 200.000 mil cabezas más y no podemos soportar esa carga ganadera. Tenemos muchos pueblos afectados y no serviría de nada esa moratoria”, explica contundente Inma Lozano, portavoz de Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas.

Una solicitud clara hacia el gobierno regional, para que esa moratoria tenga carácter retroactivo y se frene todo lo que esta todavía en periodo de estudio medioambiental o que tiene la modificación en espera de la licencia. Desde Stop Macrogranjas piden garantías a corto plazo y que se les escuche porque llevan años reclamando citas con desarrollo sostenible, en vano. “Por fin se nos va a escuchar a la ciudadanía que somos los que estamos sufriendo los efectos de este tipo de ganaderías industriales. No solo el medio ambiente, sino en la economía de la zona, la perdida de calidad de vida o en las afecciones a la salud. Al final la gente se acaba yendo y abandonando los pueblos. Se nos llena de cerdos y también de carteles de ‘Se Vende’”, añade la portavoz de la región.

Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves ha mostrado en sus palabras la experiencia de un municipio donde se llevan desarrollando estas prácticas durante años. “Una defensa por la gente que vive en el medio rural con la dignidad que nos da el campo y sus tierras. Apoyo a estas plataformas porque de ganadería no tienen nada, solo el nombre. Esto son industrias altamente contaminantes que afectan al agua, el aire y la tierra que produce los alimentos”, dice.

En este sentido, la alcaldesa ha querido felicitar a todas las plataformas de la región por la lucha incansable de dar voz a todos y todas las vecinas. Por eso valora la moratoria como el fruto del trabajo de mucha gente que de manera altruista defienden su territorio y a sus ciudadanos. Un orgullo que a base de reivindicaciones “hemos pasado a un proyecto concreto y activo de cambio social, eso es importante. Nuestros pueblos tienen posibilidades y futuro”, añade.

Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural por Cenizate cuenta la experiencia que está viviendo su municipio al contar con un recurso contencioso administrativo por parte de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor). Esto provocaba que los vecinos y vecinas del municipio se levantasen para luchar por su municipio. “Estamos viendo que peligra el futuro del pueblo y de la comarca. Muchas de las Macrogranjas que se quieren llevar a cabo en Cenizate terminaran echando los purines a todos los alrededores. Queremos nuestros pueblos limpios por lo que valoramos el paso que se ha dado desde la Junta, pero exigimos lo mismo, una moratoria retroactiva”, señala.

Las plataformas vecinales piden participar en la redacción del texto

Por este motivo, las plataformas vecinales quieren participar en la redacción del texto para que se controle y sancione todo aquello que no se cumpla. Además, piden refuerzo en la inspección y en las sanciones. Todo ello, por los vertidos incontrolados, duplicidad en las parcelas de los planes de gestión de purines, aumentos en la capacidad de las explotaciones por encima de lo acordado o como a través del sistema de modificaciones no sustanciales de corrección de errores se aprueban sin control.

En conclusión, las plataformas exigen que se defina y se ejecute un plan estratégico de ganadería extensiva que deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica. Además, de que se valore de forma detallada y rigurosa con el impacto medioambiental acumulado. “No sirve de nada que se valore una granja aislada, sino valorar el impacto acumulado que supone para el territorio como en el consumo de agua o la gestión de purines. Estos purines nos los venden como abono y hay que tener muchas características en cuenta para que sirvan como fertilizantes. También, como afecta a la ganadería extensiva de toda la vida que sí que crea trabajo en una red de ciudadanos que se dedican a ello en sus pueblos. Los ganaderos de nuestros pueblos nos cuentan que las ovejas rechazan los barbechos donde hay purines”, concluye Inma Lozano.

Remedio Bobillo, presidenta de las Asociaciones Pueblos Vivos de Cuenca representa a veinte plataformas/asociaciones de la provincia de Cuenca. Ha querido destacar que desde 2017 llevan amenazando el modelo de la comarca, su desarrollo económico, el entorno natural y la calidad de vida de la población de las localidades. “Ante la pasividad de las instituciones algunos habitantes de los municipios se ven en la necesidad de movilizarse para evitar la instalación de estas Macrogranjas”, cuenta.

También se suman a que la moratoria acoja la paralización de todos los proyectos existentes, “nos mostramos cautelosos porque llevamos años pidiendo que se frenen. No queremos perder calidad de vida, a nuestras gentes y nuestras actividades económicas”, concluye Remedios.

En referencia, destacan que hay muchos municipios de Castilla- La Mancha que no tienen agua potable gracias a las malas prácticas agrícolas y ganaderas que se vienen acumulando. Además, exigen que se pongan de acuerdo desde el Ministerio y la Junta en el número de cabezas que existen y el número de explotaciones porque no se sabe cuántas hay realmente.

La presidenta de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo de Quintanar del Rey, Paciencia Talaya ha querido hacer referencia a que en su municipio no se tuvo conocimiento de la creación de la macrogranja. Una irregularidad en el punto de partida que dejaría nulo todo el proyecto. “Queremos que se anulen los procedimientos que están encima de la mesa porque no cumplen las normativas y están llenos de irregularidades. Queremos que se paralicen junto con nuestro lema ‘Ni en tu pueblo, ni en el mío’”, comenta la presidenta.

La voz de todos los vecinos y vecinas de los pueblos que luchan en contra de la ganadería industrial a cargo de todas estas mujeres que se ponen al frente de estas prácticas para luchar por sus municipios. En resumen, se trata de Inma Lozano, portavoz de Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas; Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves; Remedio Bobillo, presidenta de las Asociaciones Pueblos Vivos de Cuenca; Paciencia Talaya, presidenta de la Asociación Quintaverde Pueblo Vivo de Quintanar del Rey y Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural por Cenizate.

El anuncio de la moratoria de la Junta no va a hacer que dejen de manifestarse, así han terminado sus intervenciones.