Piden cuatro años y medio para dos acusados de estafar en la construcción de unas viviendas en Albacete

Se hicieron con 310.000 euros a cuenta de unas viviendas que iban a construir pero su intención nunca fué ni hacerlas, ni muncho menos entregarlas a los compradores. Ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este martes 20 de marzo a dos acusados de un presunto delito de estafa y de falsificación de documento público oficial, por los que el Ministerio Fiscal les pide una pena de 4 años y 6 meses de prisión y multa de 7.920 euros a cada uno, además de la  indemnización conjunta en 310.000 euros, cantidad que los estafados les depositaron.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía los acusados urdieron un plan con el que engañar a varias personas de las que obtuvieron importantes cantidades de dinero por la venta de unos pisos que nunca construyeron. Para ello, constituyeron el 12 de septiembre de 2001 una sociedad mercantil con objeto social, entre otros, la compra-venta de terrenos y solares para la construcción de edificios, venta de arrendamientos de viviendas y locales de protección oficial o libre.

Dicha empresa tenía un capital social de 3.606 euros y, en junio de 2006, se acordó, además de ampliar el objeto social de la empresa, ampliar el capital social, que pasaba a ser de 203.562,76 euros, para lo cual se emitieron 3.327 nuevas participaciones sociales.

Mediante escritura de 25 de noviembre de 2009, se procedió por parte de esta mercantil, a vender a otra un edificio que tenían en construcción en Albacete. Una venta que se ocultó en todo momento a los compradores que ya habían adquirido pisos en el edificio en construcción, y que no supieron de la misma hasta que intentaron resolver el contrato de venta.

De esta forma, los acusados se hicieron con varias cantidades de dinero, entregadas por compradores de varios de los pisos que habían asegurado estar construyendo, por importes de 70.000 euros, 100.000 euros y 140.000 euros, que hacían un total de 310.000 euros que ahora la Fiscalía les reclama en concepto de indemnización.

Los acusados habían entregado a los estafados avales elaborados por ellos mismos, simulando que eran auténticos y haciendo constar como intervinientes a personas que no tienen relación alguna con la entidad de crédito escogida.

Una actuación fraudulenta que realizaron para de esta forma ganarse la confianza de los compradores y conseguir que estos le entregaran el dinero para la adquisición de una casa que nunca tuvieron intención de construir, y, menos aún, de entregar a los compradores.