Se trata de acercar el recurso de la Oficina de Intermediación Hipotecaria desde los propios Juzgados
El convenio entre los dos organismos, la Gobierno de Castilla-La Mancha y el CGPJ, se firmó el pasado 13 de junio.
Cuando la Junta puso en marcha las conocidas como Oficinas Antidesahucio se pusieron en contacto con el TSJ de Castilla-La Mancha para trasladar la información de los servicios y actuaciones del programa. De ahí que se consiguiera llegar a un convenio que lo que pretende es que los órganos judiciales "pongan a disposición de los afectados, cuando detecten supuestos de vulnerabilidad social, cuando tengan que intervenir en situaciones de ejecuciones hipotecarias, toda la información que les traslade a las oficinas antidesahucios", explica Vicente Rouco.
Para ello la Administración regional ha facilitado folletos informativos que apoyarán el programa de actuación que consistirá en que los responsables de Fomento se van a reunión con los magistrados implicados en procedimientos judiciales relacionados con la pérdida de vivienda. Este programa de actuación dará toda la información y pondrá los recursos existentes a disposición de las personas afectadas.
La necesidad de este convenio está en que no todas las personas que se ven involucradas en un desahucio tienen acceso a las Oficinas d eIntermediación Hipotecaria. "Lo que se quiere es que todos puedan acceder a este recurso", señala el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha.
Además el convenio contempla la elaboración de un estudio estadístico donde se podrá acotar qué ejecuciones hipotecarias y lanzamientos son en vivienda habitual.
38 desahucios evitados en poco más de un año
La labor que están llevando a cabo las oficinas antidesahucios en estos más de 12 meses de vida es ingente. No en vano han conseguido paralizar 38 desahucios en toda la región. Pero a ello hay que sumar que más de 1200 personas han pasado por estas oficinas para pedir información. Son, tal y como ha reconocido la consejera, más personas que expedientes judiciales iniciados a lo largo de este tiempo. "Esto sucede porque las familias han pasado por la oficina antes de dejar de pagar y renegociar su hipoteca antes de llegar a los juzgados", sentencia Elena de la Cruz.
Con la puesta en marcha de este convenio con el Consejo General del Poder Judicial se implica también a los magistrados que podrán informar sobre los recursos a familias que estén en situación de vulnerabilidad y con riesgo de perder su vivienda.
Actualmente ya son 279 ayuntamientos los que se han sumado a alguna de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la región a través de los diferentes convenios.
