Coincidiendo con la declaración de varios ex alcaldes de la localidad, en calidad de investigados, parte de los miembros de la Asociación de Perjudicados han protestado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Llevan años esperando poder entrar en sus parcelas, las que han pagado con su trabajo e hipoteca de por medio, pero siguen sin poder hacerlo. Este miércoles la paralización de las obras de urbanización AR5, en la localidad de Chinchilla, ha llegado a los juzgado. En este primera sesión han declarado, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, varios ex alcaldes del municipio, en calidad de investigados por presunta malversación. Los que este miércoles han prestado declaración son Daniel Ballesteros y Vicente Martínez Correoso, ambos del PSOE, y el ex alcalde Arturo Tendero, de Izquierda Unida. Junto a ellos un exarquitecto municipal y un funcionario del Ayuntamiento de Chinchilla. Este jueves pasarán por sede judicial otros alcaldes de la localidad albaceteña, en este caso en calidad de testigos, Agapita García, de Ciudadanos, José Martínez Correoso, del PSOE, y el actual, Jose Ignacio Díaz, de Ganemos.
La historia de esta urbanización nace, hace ahora 14 años, los del boom inmobiliario. La zona, conocida como AR5, estaba compuesta de parcelas en terreno rústico, "pero en un momento determinado se declaró la zona terreno urbano", dice el presidente del colectivo que aúna a los vecinos afectados, Jose Manuel Correoso. "Esto era cuando el boom inmobiliario y se les hicieron los ojos chirivitas al Ayuntamiento de Chinchilla desde donde se comenzó a hacer áreas". Áreas que finalmente, tal y como asegura Correoso, no llegaron a nada, salvo la que afecta a unos 100 propietarios, la mayoría de ellos vecinos del pueblo que pagaron, al 100% las costas de la urbanización allá por finales de 2008 y principios de 2009, y años después siguen sin tener terminada las obras y sin poder entrar a sus casas.
La obra la comenzó la empresa A1Habitat, según cuentan los afectados. A ella le pagaron el dinero que se requería para la obra, 25.000 euros por parcela de 500 metros cuadrados. "Pero A1Habitat dió en quiebra y la obra se la quedó Eiffage, que era subcontratado de la primera". Hace unos meses el Ayuntamiento "se lo pasó" a Fabervieam, dice Correoso, pero lo hizo "de forma irregular porque para hacer estar cesiones de agente urbanizador se requiere que el anterior haya urbanizado un mínimo". Y no ha sido así.
Sea como fuere, la queja de estos vecinos es que la obra dura ya 14 años y las perspectivas de que finalice no son muy halagüeñas. Por eso este miércoles, coincidiendo con la declaración de los ex alcaldes en calidad de investigados, parte de los miembros de la Asociación de Perjudicados han protestado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.