Europa Press

Daniel Martínez, coordinador provincial de Izquierda Unida, ha mostrado su preocupación por “el gran problema que viven nuestros transportistas” y ha defendido la necesidad de tomar decisiones “para que estas circunstancias duren lo menos posible y sean lo menos perjudiciales posible para sectores afectados como el de la alimentación o el agrario ”.

"Atravesamos una situación de crisis con múltiples aristas: encarecimiento de precios, guerra en Ucrania, problemas en la cadena de suministros… que han provocado que el precio del gasóleo se acerque ya a los 2 euros por litro. Esto ha supuesto una subida de más del 40% desde enero de 2021 y un alza acelerada en las primeras semanas de marzo, a pesar de la ligera reducción experimentada estos días", indica el coordinador.

A estas cuestiones, explica el coordinador provincial de IU Albacete, se suman “las quejas por la revisión de los precios”, que en estos momentos se lleva a cabo cada seis meses, o la necesidad de contar con una ley similar a la de la cadena alimenticia que prohíba “tirar los precios” del sector del transporte.

Para Daniel Martínez es necesario plantear soluciones ya que alivien a la clase trabajadora, por ello Izquierda Unida Albacete va a solicitar el apoyo de las instituciones en las que cuenta con presencia para sacar adelante siete medidas que, espera, sirvan para acabar con el conflicto generado y con los problemas a medio y largo plazo del sector.

Estas propuestas, que Izquierda Unida Albacete presentará en forma de moción son:

1. Instar al Gobierno central a articular una bonificación de 0,15 céntimos por litro del diesel/gas consumido en el primer trimestre de 2022. El coste se financiará íntegramente con un incremento del tipo del impuesto de sociedades a las distribuidoras y comercializadoras de combustible.

2. Instar al Gobierno central a regular la devolución mensual del combustible profesional.

3. Instar al Gobierno central a modificar el Real Decreto del transporte de mercancías para fijar la revisión obligatoria y automática del precio del transporte mensualmente cuando se produzcan subidas superiores al 10% del diésel (ahora la revisión es a los seis meses).

4. Instar al Gobierno central a incorporar un nuevo apartado en el artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia para que considere desleal facturar a precios inferiores al coste. Una medida similar a la recientemente aprobada en la Ley de la Cadena Alimentaria e incluir sanciones por su incumplimiento.
5. Instar al Gobierno central a regular, mediante una normativa, el pago máximo a treinta días sin posibilidad de pacto en contra.

6. Instar al Gobierno central a regular, a través de una normativa, la eliminación legal de la obligación de carga y descarga por parte de los conductores, así como la de facilitar espacios acondicionados de descanso para los conductores en los almacenes de carga y descarga.

7. Instar al Gobierno central a regular la normativa de protección y derechos para los conductores y conductoras profesionales que permita una jubilación con coeficiente reductor y reconocimiento de las enfermedades profesionales, diabetes, infartos, hernias, etcétera.