“Defendemos la Constitución, aunque apostamos por reformarla y por el cumplimiento de todos y cada uno de sus artículos, y no sólo aquellos que le interesan al Gobierno central o a los partidos mayoritarios.” Así lo ha asegurado, esta mañana, en rueda de prensa en la sede de Izquierda Unida Albacete el coordinador provincial de la formación, Cristian Ibáñez.

El dirigente provincial de Izquierda Unida ha recordado que el preámbulo del texto constitucional habla de “garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo”. Un “orden” que las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años “no han promovido”, como demuestra el último informe de la ONG Intermon Oxfam, que recuerda la profunda desigualdad de la sociedad en España, donde el 25% de los hogares más ricos concentra el 74% de la riqueza del país y el 42% de la renta anual. Una distancia patrimonial que se ha “duplicado” en los últimos años, a la vez que los salarios se reducían un 10%.

No es el único incumplimiento de la Constitución que ha citado el coordinador provincial de Izquierda Unida, quien también ha hecho referencia al Capítulo 2, sección segunda, sobre “los derechos y deberes de los ciudadanos” donde en el artículo 35 dice que todos los españoles tienen “el deber de trabajar y el derecho al trabajo (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Un deber que “las políticas actuales están impidiendo cumplir, porque hoy hay trabajadores pobres que no pueden satisfacer las necesidades de sus familias y no todo el mundo puede trabajar en un país con miles de trabajadores que llevan años en el paro”.

El artículo 40 hace referencia a que los poderes públicos “promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico, y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”. Otro artículo que “no se cumple” ya que no hay un reparto “equitativo” de la riqueza “ni se busca el progreso económico de la sociedad cuando los ricos son más ricos y los pobres más pobres”.

Otro incumplimiento mencionado por Ibáñez es del artículo 47, que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias (...)”. Un derecho “vemos día a día” que no se cumple porque el Gobierno central y las leyes han permitido desahuciar a cientos de miles de familias vulnerando este derecho constitucional.

El artículo 128 sobre economía y hacienda explica que toda la riqueza del país está subordinada “al interés general” y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica para reservar al sector público servicios esenciales, especialmente “en caso de monopolio” o acordar la intervención de empresas “ cuando lo exija el interés general”. Éste es “otro artículo que no se cumple”, ha afirmado el coordinador provincial de Izquierda Unida, antes de defender la intervención del Gobierno central en el mercado eléctrico para “garantizar un servicio público a precios accesibles a quienes menos tienen”.