Toma el nombre del artículo 25 de los Carta de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El articulado continúa pero de una u otra manera, “viene a ser lo que hemos llamado como Plan de Rescate Ciudadano”, ha afirmado el José García Molina, Secretario General de Podemos en Castilla-La Mancha. En este acto ha estado acompañado de miembros de la agrupación local, la senadora Virginia Felipe, y en la presentación Alba Teresa Higuera, como miembro de Stop Desahucios Albacete. “La idea de presentar esta ley es dar a conocer lo que son compromisos y apuestas por el modelo de país que tenemos”, ha comentado Molina quien ha reconocido “que esta ley tiene algo de bueno para todo el país, no sólo para nuestra región: Aunque la idea si la tuviera que sintetizar en una sola frase sería que hay que blindar los derechos sociales para que la gente se sienta lo más protegida y para que pueda tener unas condiciones de vida dignas”.
Irene Montero ha destacado el papel que tiene esta proposición, ya que resume el objetivo principal de llegar al congreso, “una vez que firmamos nuestros cargos presentamos y registramos esta iniciativa legislativa que es la ley 25, porque entendemos que es necesaria”. Esta ley se articula en tres pilares fundamentales “paralización de los desahucios para aquellas personas que no tengan otra alternativa habitacional” ha comentado la diputada, que además otro punto que contempla la ley es la paralización de los cortes de suministros por pobreza sobrevenida. El último de los pilares de esta ley es “recuperar el carácter universal de la sanidad”.
La Ley25 de Emergencia Social se encuentra estructurada en torno a tres ejes fundamentales que buscan blindar el acceso a una vivienda digna y, en caso de desahucio, a una alternativa habitacional; garantizar el suministro energético, impidiendo los cortes y facilitando el acceso a las ayudas; y, por último, acabar con la pobreza farmacológica.
En la actual situación de desigualdad, la Ley25 pretende crear una serie de mecanismos de supervisión públicos que garanticen la cobertura de unos mínimos vitales en los citados ámbitos: vivienda, energía y sanidad. Tras la presentación, se abrirá una ronda de preguntas que responda a las dudas que puedan tener los asistentes sobre la Ley25 y su aplicación.
