La contribución que los usuarios de la Residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, deben hacer por su estancia, va a seguir los mismos criterios para todos. Hasta ahora existía una diferencia porque no todos los usuarios estaban sometidos al mismo régimen de pago. Mientas la mayoría de usuarios, alrededor de 80, aportan el 75 por ciento de sus ingresos mensuales (pagas ordinarias, extraordinarias y rentas provenientes del capital mobiliario e inmobiliario) existe un porcentaje de mayores cuya estancia en el centro está regulado por la Tasa por asistencia y estancias en centros asistenciales dependientes de la Diputación, aprobada por el pleno la Diputación, en sesión extraordinaria, el 23 de julio de 2014. Esta tasa, impuesta por el PP cuando gobernaba la Diputación, consiste en una cantidad fija por importe de 71,17 euros por día (2.135,10 € al mes). Los usuarios cuya renta no alcance para pagar dicha cantidad por su estancia en el centro generan una deuda, que se incrementa y acumula mes a mes, resultante de la diferencia entre la cuota tributaria y lo efectivamente abonado y que deben pagar con su patrimonio. En esta situación están 45 mayores aproximadamente. A la discriminación que supone entre los usuarios de un mismo servicio, lo que ya resulta injusto de por sí, se suma que la Tasa se aplicaba a algunos usuarios que ya estaban ingresados en la Residencia previamente a la imposición de la misma. Por impulso de Ganemos-IU se va a aprobar una nueva ordenanza que elimina esta polémica tasa, y todos los usuarios se regirán por lo estipulado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que establece el pago, en concepto de estancia, en centros y servicios de atención a mayores del 75% de los ingresos percibidos por el usuario, sin que la diferencia entre el coste real y lo pagado genere ningún tipo de deuda para el usuario. Ganemos-IU se felicita por la modificación, que ha pasado hoy por la Comisión de Economía y se aprobará, previsiblemente, en el próximo pleno provincial para que tenga efecto desde enero de 2017. Una modificación realizada a instancias de Ganemos-IU y que ha aceptado el equipo de Gobierno de la institución provincial, que acaba con una discriminación injusta, aunque el Gobierno de la Diputación haya tardado “un año” en llevarla a cabo.
