Según Ganemos-IU Mollá adjudicó a dedo el contrato de suministro eléctrico, por valor de 500.000 euros, ocultándolo al resto de grupos municipales
El Grupo Provincial Ganemos-IU pide la dimisión del actual alcalde de Caudete y diputado provincial del PP, José Miguel Mollá, ante las evidentes y graves irregularidades detectadas en su gestión.
Mollá concedió a una empresa de suministros eléctricos un contrato de 500.000 sin la obligatoria publicidad, y posteriormente ha intentado ocultarlo fracionándolo en cantidades menores para evitar la fiscalización por el resto de los grupos.
Como ha recordado Ganemos Caudete “la propia Secretaría de este Ayuntamiento ha dejado muy claro en sus conclusiones que “la contratación se ha llevado a cabo de forma opaca, sin cumplir los requisitos de transparencia y publicidad que exige la normativa de contratación pública, obviando la tramitación del expediente de contratación”.
Según el informe de Intervención, Mollá firmó el contrato que cambió el suministrador eléctrico del Ayuntamiento el pasado 17 “sin informes del técnico del área correspondiente, ni de secretaría, ni de esta intervención, sin pliego de contratación, ni publicidad, ni pública concurrencia, que son los pilares básicos en la contratación pública”.
El alcalde de Caudete guardó el secreto de su firma, y sólo cuando empezaron a llegar facturas a nombre del nuevo comercializador se conoció el asunto.
No es la primera irregularidad de un regidor que se permite abroncar al resto de concejales por “contar información del Ayuntamiento” como si el Consistorio de Caudete fuera su cortijo particular en el que puede hacer y deshacer a su antojo, sin dar explicaciones a los ciudadanos y sin cumplir con la transparencia a la que está obligado.
Desde el Grupo Provincial Ganemos-IU apoyamos la petición de Ganemos Caudete de dimisión de Mollá como alcalde y diputado provincial, además de que se facilite inmediatamente a todos los grupos del pleno municipal “toda la información que contiene este expediente (pliegos anteriores, contratos firmados, facturas presentadas al cobro, informes, etc) y que la misma documentación sea remitida completa y por el propio Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción, por si de la actuación municipal se pudiera derivar cualquier tipo de acto ilícito penal o administrativo.
Un cargo público que ha admitido tal comportamiento es susceptible de inhabilitación y debería abandonar sus cargos públicos de manera inmediata.
