Marcelino Zornoza Sánchez
El titular de la Tribuna de hoy es muy significativo. Lo que mucho veníamos percibiendo desde hace bastante tiempo hoy se refleja en ese titular. “ La IT detecta casi 1000 empleos sumergidos en la provincia”. Es de verdadero escándalo que en uno de los países donde más ha crecido la precariedad laboral, impuesta por los empresarios para aumentar sus beneficios, la inspección de trabajo se dediquen a ir “a la caza del parado”.
No debemos olvidar que la inspección de trabajo es el organismo del estado para perseguir las irregularidades en las relaciones laborales. Y tampoco debemos olvidar que en la relación laboral la parte claramente más fuerte es el empresario por lo que lo más fácil es que los abusos vengan de esta parte.
Estas campañas dirigidas, por la Dirección general de IT y Seguridad social, cargos políticos puestos por el PP tienen dos finalidades evitar que los inspectores se puedan dedicar a la persecución de relaciones laborales precarias y lanzar un mensaje a la sociedad de que los parados son unos defraudadores.
Es realmente preocupante que la inspección de trabajo en Albacete en boca de una de sus integrantes lleven seis meses de retraso en atender las denuncias lo que en la práctica hace de la propia inspección un instrumento de una utilidad discutible para tantos trabajadores que están sufriendo relaciones laborales con incumplimientos empresariales continuados. Lo que en la práctica hace que casi sea más útil y rápido asistir, cuando se puede, a los juzgados que a la propia inspección de trabajo.
Las necesidades son tantas, tanto de personal como de recursos que los gobiernos aprovechan para focalizar la actividad donde políticamente les conviene para a través de estos instrumentos poner el foco político y para reforzar sus ideas en este caso los parados defraudadores e insolidarios que cobran una prestación y subsidio mientras trabajan en negro.
Además de centrarse en la actividad que puede dar rédito económico como por ejemplo regularizar las cuotas no pagadas a la seguridad social. Perseguir actividades empresariales es menos rentable, entre otras cosas porque las sanciones económicas derivadas de estas inspecciones en muchas ocasiones se pierden en una maraña de recursos judiciales interminables. Estas son las prácticas de nuestro gobierno del PP.
En otras tierras como por ejemplo Baleares el gobierno socialista de la Sra. Armengol se ha puesto manos a la obra y en el último año a regularizado miles de contratos precarios convirtiendo trabajadores precarios en trabajadores con derechos. Allí el Govern dispuso de 200 mil euros para reforzar la actividad de la inspección entre los dos marcaron el trabajo a realizar. Y los resultados han sido esperanzadores. Tendremos que recordar que el próximo 20 D se vota y no es lo mismo que gobiernen unos que otros.
