El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que el Gobierno regional presentará a la ciudadanía, junto con el proyecto de los Presupuestos Autonómicos de 2017, un balance detallado de lo que ha supuesto las indemnizaciones a las que se tendrá que hacer frente por la paralización de diversas obras públicas por parte del anterior Ejecutivo autonómico.
Así lo ha avanzado, a preguntas de los periodistas, durante la firma de un convenio mediante el que la Administración regional reserva a los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral de la Comunidad Autónoma un 6% del total del presupuesto que se destina a la contratación de diferentes servicios y suministros.
El presidente regional ha cifrado esa “herida en diferido de la tijera” en unos 125 ó 140 millones de euros, sin contar las costas judiciales; cuantía que tendrá que ir “con cargo a los presupuestos” y que, por tanto, impedirá poder ampliar aún más la cartera de mejoras que se realizarán en áreas como educación o sanidad.
En este sentido, el presidente regional ha detallado que sólo la paralización de las obras del Hospital General Universitario de Toledo ha supuesto una factura de 22 millones de euros, a la que habría se podrían haber sumado los 21 millones de euros de no haberse retomado las obras del Hospital de Cuenca, o los 17 millones de euros del Auditorio “Quixote Crea” de Toledo, por haber mantenido a la empresa “en vilo”.
García-Page, ha expresado su deseo de que “hayamos aprendido de los errores del pasado”, en referencia a las administraciones y gestores públicos que vieron en la paralización de obras una medida de ahorro ya que “recortar significa pagar más pero de manera diferida” y, al mismo tiempo, ha lamentado “no poder pedir responsabilidades a fondo a quienes crearon este problema”.