El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la segunda convocatoria del Plan Extraordinario por el Empleo, que permitirá la contratación de cerca de 1.500 personas, con una inversión prevista de más de 6,5 millones de euros de fondos propios del Gobierno regional.
Como explica la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, esta convocatoria servirá de continuación a la primera, dirigida a las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, y ha permitido la contratación de casi 12.000 personas en solo 9 meses de desarrollo efectivo.
Patricia Franco subraya que esta iniciativa “permitirá crear nuevas oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación temporal de desempleados de larga duración” y que a ella podrán acogerse las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas y dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios que presenten proyectos de interés general o social hasta el próximo 12 de septiembre.
En esta convocatoria, la duración de los contratos no podrá ser inferior a seis meses aunque con carácter excepcional, y según las necesidades del proyecto, las entidades podrán solicitar una duración de contrato menor. Además, los contratos deberán ser de jornada completa y nunca podrán exceder la de un trabajador de la entidad contratante.
Esta nueva convocatoria de ayudas a la contratación está dirigida a quienes hayan sido demandantes de empleo durante doce meses del último año y medio y que hayan agotado su prestación contributiva por desempleo en el momento del registro de la oferta.
Esta orden estima que los ayuntamientos recibirían una cuantía de 4.500 euros por cada contrato temporal efectuado con una duración de al menos seis meses, que será de 4.800 euros para los municipios de menos de mil habitantes.
Esta convocatoria contempla varias novedades respecto a la que fue realizada en el mes de noviembre, y, entre ellas, destaca que las subvenciones son de fondos propios del Gobierno regional y que no se solicita una aportación adicional a las diputaciones. Además, en el caso de los autónomos, también se contemplará que haya estado 12 meses sin ocupación durante el periodo de un año y medio antes de la convocatoria y que hayan agotado la prestación por cese de actividad o una prestación contributiva en el momento del registro de la oferta. Además, los discapacitados solo tendrán que acreditar no estar ocupados en la fecha de registro de la oferta.
La Junta introduce un apartado nuevo que permitirá a las entidades locales reservar un porcentaje máximo del 15 por ciento para aquellos desempleados que cuenten con un informe favorable de los servicios sociales en el que se acredite la emergencia de su situación y para parados de larga duración a los que la crisis les haya impedido acceder a un puesto de trabajo.
Por último, los ayuntamientos podrán utilizar los listados de personas seleccionadas y no contratadas en el proceso selectivo llevado a cabo en la primera convocatoria siempre que no haya solicitudes nuevas y los candidatos reúnan los requisitos establecidos.
Para agilizar la puesta en marcha de este plan los ayuntamientos beneficiarios recibirán el 75 por ciento de la financiación de los proyectos propuestos y aprobados, una vez comuniquen el inicio de los mismos, para lo que dispondrán del plazo de un mes.