Desde este miércoles cuatro familias de Albacete cuentan con una nueva vivienda en régimen de alquiler  cuyas llaves ha hecho entrega la consejera de Fomento, Agustina García. Todas ellas pertenecen a colectivos  "especialmente" desprotegidos  y por ello se beneficiarán de un alquiler adaptado a sus necesidades.  Así, el arrendamiento de estas viviendas objeto del convenio será de 400 euros mensuales como máximo, no pudiendo superar dicho importe a abonar por cada unidad familiar el 30 por ciento de los ingresos netos totales de la misma.

En el acto de entrega, Agustina García ha manifestado que las viviendas con algún tipo de protección pública o social "van destinadas a familias que con esta oportunidad van a poder iniciar la creación de su hogar", una finalidad que, ha dicho, "se encuadra con la visión de la política de vivienda pública, como social e integral y que ayude a las personas que más lo necesiten".

Otros 97 inmuebles entregados

García Élez ha remarcado que a los cuatro inmuebles entregados hay que sumar otros 97 que se han puesto en manos de ciudadanos albaceteños estos dos años, por lo que "en lo que va de legislatura ya se han superado el centenar de viviendas puestas a disposición de los demandantes en la provincia de Albacete".

Estas cuatro viviendas, al no haber ningún demandante que cumpliera los requisitos de ejecución hipotecaria de la entidad, se han ofertado a colectivos especialmente desprotegidos, priorizando en las personas que han referenciado los Servicios Sociales y el Instituto de la Mujer.

Para seguir en esta línea, la consejera se ha mostrado abierta a seguir en la senda de este tipo de convenios con entidades privadas para "solucionar un problema tan acuciante como son los desahucios".

"Víctimas de desahucios"

Desde el inicio de legislatura, en materia de vivienda, "el eje central está siendo atender a una realidad social acuciante: el acceso a una vivienda digna para personas mayores, víctimas de desahucio, personas con discapacidad, familias y jóvenes", ha añadido la titular de Fomento.

La Junta de Comunidades ha destinado viviendas de su parque público a aquellas personas que han sufrido la pérdida de su vivienda habitual en el seno de un proceso de ejecución hipotecaria, priorizando a su favor la adjudicación de éstas dentro de las previsiones normativas al efecto aplicables.

Para ampliar la medida y poner a disposición de los ciudadanos castellano-manchegos el mayor número posible de recursos, el Gobierno regional ha firmado este convenio con Bankia por el que se procede a crear una bolsa de viviendas, vinculada al citado Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, para que éste sirva "para ofrecer un recurso habitacional alternativo, digno y adecuado, en régimen de alquiler y con unas rentas moderadas y acordes a sus recursos económicos", ha dicho Agustina García Élez.

Así, el programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermedia Hipotecaria se ha puesto al servicio de esa gente que pueda verse afectada por situaciones de riesgo o desamparo habitacional que pueda derivar en una ejecución hipotecaria, con líneas de actuación como información y asesoramiento, para consensuar una solución que contribuya a evitar el proceso de ejecución, "negociando medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten la conservación de la vivienda por parte de la persona o la unidad familiar".