La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que el sistema universitario español necesita un cambio radical basado en una mayor dotación de recursos y en profundas transformaciones de su marco legal.
Los Presupuestos de las universidades descendieron más de 1.384 millones entre 2010 y 2015. Esta reducción del 13,7% durante los últimos años no ha llegado a su fin a pesar de que la economía española parece consolidar su crecimiento con una estimación del 2,55 para el 2017.
El impacto de la crisis y las políticas de recortes en la universidad española ha sido de una importancia extraordinaria afectando con gran impacto a las 84 universidades españolas (50 públicas y 34 privadas). En el período 2009-2014 los ingresos en los presupuestos de las universidades tuvieron una variación negativa acumulada del 17’9%.
Según datos de la OCDE en su informe Panorama de la Educación 2016, a día de hoy España se sitúa lejos del promedio de la Unión Europea en la mayoría de los indicadores relacionados con las universidades: gasto en educación superior por estudiante (12.604 USD frente a los 15.664 USD de media en la UE), gasto en porcentaje del PIB (0’81% en España frente al 1’27% de los países de nuestro entorno) y en gasto público en educación que ha caído un 5’7% desde 2011 (8’2% frente al 11’2% de media de la OCDE).
Además del descenso de recursos derivados de la crisis y de los problemas de financiación fruto del bloqueo político, la situación se agrava con los problemas de déficits de las comunidades autónomas, responsables en última instancia de la financiación de las universidades públicas.
CSIF ha pedido al PSOE priorizar el apoyo público a las universidades no sólo como base de capital humano y tecnológico, sino como herramienta básica en el crecimiento de nuestra economía y en el camino hacia la sociedad del conocimiento.
Por otro lado, CSIF insiste en la necesidad de transformar el marco legal que ampara la actividad universitaria. Durante los últimos años los trabajadores universitarios han visto mermadas sus condiciones salariales y laborales por los decretos de recortes, fundamentalmente el Real Decreto-ley 8/2010 (reducción del 5% de la masa salarial de Zapatero) y el Real Decreto-ley 20/2012 (supresión de la paga extraordinaria de Rajoy).
Impacto relevante en las universidades tuvo y sigue teniendo (incremento de la docencia presencial, limitación a la incorporación de personal de nuevo ingreso, etc.) el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Otras consecuencias desconcertantes las ha tenido el Real Decreto-ley 43/2015 de ordenación de las enseñanzas universitarias que permitía cambiar el número de créditos ECTS de Grados y Másteres. Se abría así la posibilidad de convivencia de dos modelos diferentes (4+1 y 3+2) cuya implantación ha tenido que acotar y controlar la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
Además, sigue sin concretarse un Pacto por la Educación y la Ciencia, y no se desarrollan normativas que flexibilicen el sistema universitario, faciliten la convergencia con Europa o favorezcan la exigencia de la internacionalización de nuestras universidades.
Por último, CSIF reivindica la necesaria aprobación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule el acceso a la carrera académica, la promoción interna, la orientación docente o investigadora, etc.
