El Ministerio de Empleo y Seguridad Social también ha mostrado su afán privatizador en áreas como la tramitación de vidas laborales, la gestión telefónica de la Tesorería General, la atención a los usuarios o la campaña informativa de bases de cotización
Con ocasión de la publicación en el BOE el pasado 12 de agosto de una Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social y se justifica la contratación con empresas privadas para realizar las auditorías anuales a las mutuas, el sindicato CSIF denuncia que sea un Gobierno en funciones quien tenga esta iniciativa, y además en el mes de agosto, queriendo 'colarla' con el menor ruido mediático posible. Con el añadido de autorizar la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo superior a un año, debido a que estos trabajos de control tienen carácter periódico y recurrente. O sea, que no es algo sobrevenido, sino una falta clamorosa de planificación.
Al sindicato CSIF le parece un ejemplo de cinismo de los gestores de la Seguridad Social la utilización del argumento “insuficiencia de medios” cuando desde el propio Ministerio se ha venido aplicando a lo largo de toda la legislatura una exigua oferta de empleo público y una implacable tasa de reposición cero, lo que ha conducido, de su mano, a esta insuficiencia. Es decir, provocan un fuego que devasta un servicio público para luego sofocarlo con la externalización del mismo.
Este afán privatizador de servicios públicos, cuya gestión debería estar en el estricto ámbito funcionarial, se refleja en otras áreas como la tramitación de vidas laborales, gestión telefónica de la Tesorería General, atención a los usuarios, campaña informativa de bases de cotización, numerosos contratos en la propia Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en cuyos servicios centrales hay ya más personal externo que funcionarios. Todo ello con cifras exorbitantes en los contratos, quedando demostrado que, además de más caro, se presta un peor servicio. ¿Dónde está el beneficio para los administrados, para los trabajadores de la Seguridad Social o para el propio Ministerio?
Asimismo, CSIF muestra su preocupación por los datos sensibles de que disponen las empresas privadas, que sólo deberían ser accesibles a funcionarios con el adecuado perfil informático, ya que puede colisionar con la Ley de Protección de Datos.
Por último señalar que desde CSIF venimos oponiéndonos a todas las medidas privatizadoras que han venido llevando a cabo los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, no sólo en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sino también en los demás ministerios, un desmán que recae finalmente en un peor servicio público, en un deterioro, en fin, del Estado de bienestar.
