Boko Mohammed, una "mutiladora profesional", sostiene la cuchilla que ha utilizado durante años para practicar la ablación en su comunidad. Ya no la utilizará nunca más porque ha dedicido abandonar la práctica. | Foto: Unicef

En Castilla-La Mancha hay 1.419 mujeres procedentes de países donde se práctica habitualmente la mutilación genital femenina (MGF) de las que más de un tercio son niñas. Se calcula que cada año tres millones de niñas son sometidas a esta práctica. Si la tendencia actual continúa, para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital.

En el Día Internacional  de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el Gobierno regional ha reiterado su compromiso con la prevención y actuación ante esta práctica ya que “constituye una forma extrema de discriminación de la mujeres así como una violación de los derechos humanos”. Por ello, en 2017 el Ejecutivo regional firmó un protocolo de colaboración con Médicos del Mundo, la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Kirira con el objetivo de prevenir, armonizar recursos y sensibilizar a las y los profesionales de la administración pública regional en esta materia.

En este sentido, a través del Instituto de la Mujer y en colaboración con Médicos del Mundo se van a realizar unos talleres formativos en todas las provincias de la región durante los meses de febrero y marzo, destinados tanto a profesionales de  la red de Centros de la Mujer y Recursos de Acogida como a profesionales del Trabajo Social de atención primaria.

En Albacete, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Fundación Simetrías han organizado unas Jornadas bajo el lema “Acaba con la Ablación” dirigidas a estudiantes de la Facultad de Educación del campus de Albacete, a la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) “Tomás Navarro Tomás”, y que han finalizado con una reunión informativa con jóvenes de la comunidad africana de la ciudad.

Por su parte, Médicos del Mundo ha teclado a las Instituciones la puesta en marcha inmediata del Protocolo Nacional de MGF, elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2015. Su objetivo es instruir a profesionales sanitarios para detectar esta situación, para penalizar a aquellas personas que realicen estas prácticas, que suponen una "flagrante vulneración de los derechos humanos, y sobre todo, para enseñar a las niñas y a sus familias los efectos adversos que conlleva sobre su salud".

Médicos del Mundo ha lamentado, sin embargo, que el Protocolo Común se dirija exclusivamente al personal sanitario y excluya a otros agentes tan importantes como los educativos y sociales, reduciendo así el número de profesionales con capacidad para identificar a la población de riesgo. Por contra, las normativas de nivel autonómico existentes previamente en Catalunya, Aragón y Navarra sí incorporan en sus medidas a las y los profesionales de los centros educativos y a trabajadores sociales.