Aborto seguro. Foto de Facebook de Ágora Feminista Albacete
Después de muchos años de batallar con las Administraciones para exigir que se garantizará el derecho a la libertad y la privacidad de las mujeres que acuden a una clínica a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, desde Ágora Feminista Albacete celebran la modificación del Código Penal aprobada el jueves en el Congreso, y que viene a tipificar como delito ese tipo de acoso.
Esta modificación se incluía en el acuerdo firmado por los dos partidos del Gobierno de coalición y viene a dar respuesta a una antigua reivindicación de colectivos feministas como Ágora Albacete. Desde hace más de cinco años han venido denunciando el hostigamiento que sufren las mujeres que acuden a la Clínica Iris, la única clínica acreditada para realizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo en Albacete, por parte de grupos anti-elección que las abordaban e increpaban con comentarios irrespetuosos.
"Nuestra firme y constante defensa del libre ejercicio de los derechos que recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha contrastado con la tibieza y falta de voluntad mostrada por las autoridades gubernativas, que no han sido capaces de garantizar a las mujeres el derecho a poder recibir esta prestación sin tener que soportar presiones y la vulneración de otros derechos como el de la intimidad y la privacidad", dicen desde Ágora.
En múltiples reuniones con el Ayuntamiento de Albacete, Delegación de Sanidad de la Junta de Castilla La Mancha y Subdelegación de Gobierno han exigido que se dieran las instrucciones necesarias a las Fuerzas de Orden Público para que estos acosos, camuflados como "información a la mujer embarazada", dejaran de hacerse en la vía pública, en las inmediaciones de la clínica.
La postura de las diferentes Administraciones siempre se ha basado en reconocer el derecho a la información de los grupos anti-elección, mientras que Ágora Feminista siempre ha defendido que el derecho de las mujeres a decidir libremente debe prevalecer sobre el acoso y la intimidación, que bajo ningún concepto pueden ser entendido como una manifestación de la libertad de expresión.
"Queremos recordar que la Defensoría del Pueblo dictó una instrucción a la Dirección General de la Policía para que garantizase la intimidad de las mujeres e hizo una petición al Ministerio del Interior para que protegiera la integridad física y moral de las mujeres. Así como su derecho a la libre circulación, mediante la adopción de medidas preventivas concretas en el marco de las competencias policiales, sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos", señalan.
Ágora Feminista argumenta que sin embargo, las mujeres no han recibido la protección suficiente en estos años, mientras que los grupos antiabortistas han campado a sus anchas, intimidando a las mujeres y también hostigando a las trabajadoras de dicha clínica, comportamientos que nada tienen que ver con expresar una opinión.
Con la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 13 de noviembre del Código Penal adicionando el artículo 172 se introduce un nuevo tipo delictivo para penar con hasta un año de prisión "cualquier acto de hostigamiento hacia las mujeres que quieren ejercer su derecho sin necesidad de denuncia previa".
"Valoramos muy positivamente este aspecto porque protege la identidad de las mujeres al no estar obligadas a iniciar procedimientos, pudiendo la autoridad actuar de oficio. Otro punto a resaltar es la protección de los y las profesionales que trabajan en estos centros y que se limitan a realizar un servicio recogido en la cartera de servicios sanitarios", finalizan.
No obstante, reconociendo este avance, desde Ágora Feminista no van a cejar en el empeño para que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en los centros de la red pública sanitaria, una reivindicación histórica que sigue pendiente.
